¿Presidenta o presidente?

Como nación independiente, México ha sido gobernado por alrededor de 60 presidentes con distintas posiciones ideológicas, siglas partidistas y formas de ejercer el poder. Sus mandatos tendrán poco o mucho en común dependiendo del punto de vista, pero hay algo que no está a discusión: la máxima autoridad del país ha recaído exclusivamente en hombres. 

Habrá quienes consideren irrelevante el género de quien porte la banda presidencial –o cualquier otro cargo– lo que importa es la prosperidad económica, salud, seguridad pública y calidad de vida que resulten de sus políticas de Estado. El género de las personas no condiciona su capacidad para desempeñar una función pública y bajo esa lógica, la reforma constitucional conocida como “paridad en todo”, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2019, estableció el derecho de mujeres y hombres a una participación igualitaria en todos los cargos públicos en los tres poderes del Estado, los tres órdenes de gobierno y los organismos autónomos.

En esa línea, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que la paridad de género se implemente en elecciones a la Presidencia. Con cuatro votos a favor y uno en contra, la sentencia SUP-JDC-574/2023 vincula al Congreso de la Unión, como órgano responsable de crear las normas que nos rigen en el ámbito federal, a legislar condiciones paritarias en los comicios presidenciales de 2030. De lo contrario, el Instituto Nacional Electoral (INE) estará facultado para resolver el vacío legal emitiendo, de manera supletoria, lineamientos para establecer los “cómos” y así cumplir el mandato constitucional.

Esta determinación se suma a la lista de pendientes legislativos relacionados con la paridad de género en materia electoral. Los congresos estatales continúan obligados a reglamentar la paridad en la elección de sus respectivas gubernaturas, aunque la mayoría nos encontremos en una situación de incumplimiento.

En el entendido de que el género de las personas influye en su potencial en un puesto público, también es verdad que una mujer en la Presidencia de la República tampoco es garantía de un gobierno con perspectiva de género. Sin embargo, la historia ofrece algunos indicios de que la desigualdad en la distribución del poder político se materializó en gobiernos androcentristas que no prestaron suficiente atención a las necesidades de mujeres, niñas y adolescentes. Por ende, el principio de paridad no es rellenar una cuota, significa una serie de cambios estructurales para alcanzar la igualdad efectiva en la toma de decisiones públicas que, en mi opinión, debe ser congruente con la población a la que se representa. 

¿Presidenta o presidente? La lengua es un reflejo de nuestra realidad y los cambios sociales forman parte de esta. Para que nuestro idioma incorpore palabras como presidenta debe haber mujeres que presidan y hablantes que deseen nombrarlas; un cambio de paradigma aceptado por la mayoría de las convenciones lingüísticas desde hace tiempo, aunque esa será materia de otro comentario editorial.

Por lo pronto, gracias por el espacio.

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