Privatización del líquido
Desde finales del siglo pasado, la discusión acerca de la gestión privada de los sistemas de agua potable, ha crecido de manera muy importante, entre otras razones, porque la crisis hídrica está mejor documentada, pero también por la politización que el tema provoca, lleno de complejidades técnicas, prejuicios sociales, lugares comunes y mitos culturales, aun cuando la naturaleza de la discusión en México es similar que en otros países, destaca en todos el reconocimiento de que el modelo tradicional de gestión del agua, es decir, vía la administración pública, con precios artificiales, falta de incentivos para su mejor aprovechamiento, escasa cultura del reúso, es inviable desde cualquier perspectiva, peor aún, decir que hay agua eficiente y barata es francamente una mentira.
Al mismo tiempo, México y al menos 15 estados han entrado en una fase crítica de insuficiente disponibilidad de agua, caracterizada, entre otras cosas, por el abatimiento de los mantos freáticos, el desperdicio y los excesos de los patrones de consumo, la mala distribución entre usos urbanos y agropecuarios, y los bajos porcentajes de tratamiento, reutilización y aprovechamiento de las aguas pluviales. México no es la excepción a la gravedad del estrés hídrico que padece, en las últimas siete décadas, por ejemplo, mientras que la población aumentaba de 48 millones de habitantes a 127 millones, el país redujo su disponibilidad anual de agua por habitante de 18,035 m³, a tan solo casi 4,000 m³, lo que significa que en el año 2025, vamos a estar por debajo de los 3,000 m³ anuales por habitantes recomendados, según estándares internacionales.
Por otra parte, la evidencia sugiere que en la medida en que el agua alcanza gradualmente precios reales, los patrones de consumo tienden a un comportamiento económica y ambientalmente racional, esto es, moderando los niveles de abastecimiento y por ende la extracción. La reflexión de fondo, entonces, y los datos son concluyentes, los modelos innovadores privados han facilitado corregir, en distintos grados, estas disfunciones, y la mejor prueba de ello, que hoy, el servicio de agua para 1,100 millones de personas, es gestionado por las 50 compañías más importantes de todo el mundo, y en muy distintos países.
Pero este conjunto de argumentos suele perderse de vista a la hora de analizar la cuestión, y más todavía, por la enorme confusión ideológica y política que ha contaminado la comprensión profunda de cómo y por qué se diseñan, formulan, instrumentan decisiones clave de política pública. Partamos de lo siguiente, no hay derechos fundamentales absolutos, sino que en ciertos casos, se vuelven derechos imposibles, o sea, derechos incorporados por el Estado de Derecho, pero que este se encuentra materialmente incapacitado para cumplir, en otras palabras, si no hay agua o cualquier otro bien, no hay manera de satisfacer esos derechos. Entender esta disonancia hace toda la diferencia en el abordaje objetivo y realista de la cuestión del agua, o dicho con más propiedad, en cuál es el mejor modelo de gestión para proveer eficientemente el servicio.
Hoy existe una aceptación generalizada en el mundo, en el sentido de que el agua es una cuestión de seguridad nacional, de modo que su enfoque y su manejo por parte de los gobiernos son una alta y urgente prioridad, pero en la extendida idea de que el agua es un bien libre, gratuito y abundante, reside, sin embargo, un gran problema porque la provisión de servicios públicos no funciona así, la reducción del consumo del agua y por consecuencia de la extracción, el derroche y el desperdicio con comitentes, depende, entre otros factores, de que el agua suministrada tenga precios reales, que cambie la desproporcionada distribución del recurso entre el sector agropecuario y el resto de los sectores económicos, que aumente el tratamiento, que se provean las obras para garantizar el abasto a largo plazo y que los organismos operadores alcancen máxima eficiencia, y todo eso, lo hace siempre mucho mejor, el sector privado.
En Aguascalientes, algunos de estos objetivos se han alcanzado y otros no, o al menos no en sus niveles óptimos, pero lo que la gestión privada reveló es que para modificar el manejo del agua con métodos más racionales, ecológicamente correctos y sostenibles, son necesarios cambios de gran envergadura, respecto de la forma de valorar asignar y gestionar el agua, así de simple, esperemos que sean estas las coordenadas que lleven a una buena decisión.
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