Profesionalizar la gestión pública
El servicio público es el aparato del gobierno que administra la gestión de todo aquello a lo que el Estado se encuentra obligado a dotar a la población en cuanto a servicios y atención de los asuntos colectivos. Este aparato se conforma de recursos humanos y de estatutos legales que rigen la función pública para que la administración se apegue al Estado de Derecho, a la transparencia, la rendición de cuentas, y la profesionalización técnica por encima del carisma de las personas que temporalmente ejercen el poder en las democracias.
La existencia de un aparato público opera en términos de dominación. El aparato público ejecuta la ley para que el Estado deje de ser una abstracción y opere en los términos de la realidad colectiva. Estos términos de dominación tienen que ver con la autoridad que la ley le confiere al aparato público para que autoritativamente pueda ejercer en el ámbito colectivo. Max Webber apuntó que los Estados desarrollados deberían tender a la dominación de tipo Racional Legal.
Este tipo de dominación se basa en la autoridad de una organización que ejerce gobierno, ligada a la legitimidad legal y el establecimiento de una burocracia profesional que da certidumbre a la acción de gobierno, que está por encima del carisma que puedan o no tener las personas titulares de los encargos públicos. Es decir, en la dominación Racional Legal la ley tiene un protagonismo para que -como afirmaba Aristóteles- exista la razón por encima de la pasión de quienes ejercen el poder.
En las democracias, esto implica una separación indispensable entre la política y la administración. Mientras que la política (sobre todo la política de carácter electoral) atiende valores como la persuasión, la búsqueda de liderazgo, el manejo de las percepciones colectivas, y la configuración de grupos para la obtención y el mantenimiento del poder; la administración debe atender a valores como la eficacia, la eficiencia, la legalidad, y sobre todo la profesionalización del aparato público. Por ello, el gobierno debe trabajar con los mejores perfiles técnicos, y no con los perfiles premiados por la política electoral, ya que los buenos perfiles políticos no necesariamente son perfiles profesionales para el servicio público.
Para que este servicio público se profesionalice, se realice de manera legal y legítima, y para que la acción del Estado se rija por la racionalidad legal, es necesario que los grupos temporalmente colocados en el poder sepan distinguir entre el perfil político y el perfil del servicio público. Nutrir a la burocracia del gobierno con perfiles menos políticos y más profesionales del servicio público, garantiza que la administración trabaje con transparencia, profesionalismo, legalidad, rendición de cuentas, y apego al Estado de Derecho. Si eso ocurre, el gobierno funciona y la ciudadanía tiene menos razones para cambiar electoralmente de fuerza política en el poder.
Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión.