Racionalidad y elecciones

Una política pública es un conjunto de decisiones tomadas por el gobierno para solucionar un problema originado en una necesidad colectiva, por ejemplo, participar en los asuntos de nuestra comunidad a través del voto.

Por primera vez, el 1° de junio de 2025 la ciudadanía ha sido llamada a elegir a quienes ocuparán diversos cargos en el Poder Judicial. La organización de esta jornada histórica se sustenta en la reforma constitucional publicada el 15 septiembre del año pasado y su implementación, como cualquier norma cuando entra en vigencia, requiere trazar un curso de acción, o en palabras del sociólogo Jürgen Habermas: “El camino más eficaz para alcanzar un fin deseado a través de la efectividad”.

Después de organizar territorialmente la geografía judicial para volverla compatible con las demarcaciones electorales, el reto continúa con permitir que la ciudadanía manifieste su preferencia respecto a centenares de cargos y una cifra récord de candidaturas a puestos de competencia tanto federal como local en 17 estados del país, incluido Aguascalientes.

Es así que, bajo una lógica de racionalidad instrumental, la autoridad electoral determinó romper con diversas tradiciones logísticas y operativas. Se instalarán tres tipos de casillas: seccionales, seccionales únicas y especiales, a donde las personas podrán acudir a ejercer su derecho. Considerando que cada votante podría recibir cerca de diez boletas, se determinó imprimirlas en diferentes colores para diferenciar los cargos y depositarlas en una urna única sin distingo, con el fin de agilizar la expresión de la voluntad popular y reducir el tiempo en casilla. Tras el cierre de la votación, el funcionariado de mesa directiva de casilla seccional clasificará y contará los sufragios recibidos, sin hacer el escrutinio y cómputo por candidatura, como solía llevarse a cabo.

También se contempla la instalación de casillas especiales, destinadas a la recepción del voto de la ciudadanía en tránsito, fuera de la sección correspondiente a su domicilio. Se podrá instalar, por lo menos, una de estas casillas por distrito electoral judicial y el número de boletas a dotar en cada una, será de mil para cada tipo de elección. La naturaleza de este proceso comicial obligó a adecuar toda la documentación y materiales, no sólo por tratarse de un ejercicio inédito, sino por ser el primero que se prepara sin antecedentes, recursos económicos y tiempo.

Una vez concluido el proceso electoral, el ciclo de política pública debe ser completado con una evaluación de las medidas adoptadas contra los resultados obtenidos, considerando el contexto y los recursos disponibles. Esta etapa arrojará luz con respecto a si las actividades realizadas cumplieron con los objetivos planteados por la reforma constitucional. 

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