Rocha Moya y el peso de Nueva York

Hay acusaciones que pueden leerse como un escándalo más, y hay otras que obligan a mirar el tablero completo.

El caso de Rubén Rocha Moya no viene de una declaración política, de una filtración periodística ni de un pleito electoral local. Viene de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las oficinas más relevantes del sistema judicial estadounidense. No estamos hablando de una fiscalía menor: es la que cubre Manhattan, el corazón financiero de Estados Unidos, y una oficina acostumbrada a procesar casos de crimen organizado, corrupción, lavado, narcotráfico y delitos de alto impacto.

Ese dato importa porque cambia la lectura. Una acusación de esa fiscalía no equivale a una sentencia, por supuesto. En cualquier Estado de derecho debe mantenerse la presunción de inocencia. Pero tampoco puede tratarse como un simple rumor político, ni despacharse como si fuera un episodio más dentro de la confrontación cotidiana.

La gravedad no está solo en los nombres que aparecen en el expediente. Está en la hipótesis que sostiene la acusación: que el crimen organizado no opera únicamente contra el Estado, sino que, en ciertos territorios, puede llegar a operar a través de pedazos del propio Estado.

Por eso el caso no debe reducirse a Rocha Moya. La pregunta de fondo es más incómoda: ¿qué ocurre cuando una fiscalía extranjera acusa a un gobernador mexicano en funciones de haber pactado con una organización criminal? ¿Qué dice eso de nuestras instituciones, de nuestros filtros partidistas y de la relación entre México y Estados Unidos en un momento donde seguridad, migración, comercio y soberanía están completamente entrelazados?

Ahí empieza el problema político mayor. Si la respuesta automática es cerrar filas, gritar persecución o convertir el expediente en una porra partidista, se comete un error estratégico. Hacia afuera, el mensaje es devastador, porque parece que la lealtad política pesa más que la obligación institucional de esclarecer.

México tiene derecho a exigir pruebas, debido proceso y respeto a su soberanía. Pero también tiene la obligación de tomarse en serio la acusación, no por sumisión a Washington, sino por responsabilidad frente a su propia ciudadanía.

El punto no es condenar antes de tiempo. El punto es entender que cuando una acusación de esta naturaleza cruza la frontera, ya no estamos solamente ante una crisis personal, sino ante una prueba de Estado.

Y la pregunta final no es solo qué hizo o no hizo un gobernador. La pregunta es si México todavía tiene capacidad de revisar sus propias sombras antes de que otro país venga a nombrarlas.

-

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión.