Significado del Estado de Derecho

En una más de las incongruencias de este gobierno que encabeza López Obrador, podemos observar en la página de la Secretaría de Gobernación Federal, la Secretaría de Gobernación del país, una conceptualización sobre el significado del Estado de Derecho.

En la Secretaría de Gobernación se dice que el Estado de Derecho se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente, y se hacen cumplir por igual, y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos. Las instituciones políticas regidas por dicho principio, garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, la no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal.

Se dice que, conceptualmente, el Estado de Derecho contempla los siguientes puntos:

1. La estructura formal de un sistema jurídico y la garantía de libertades fundamentales, a través de leyes generales aplicadas por jueces independientes, eso es, la división de poderes.

2. La libertad de competencia en el mercado, garantizada por un sistema jurídico.

3. La división de poderes políticos en la estructura del Estado.

4. La integración de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica.

En México, se dice que el Estado de Derecho está contemplado en la Constitución, donde se define que las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema en toda la Unión. Además, contempla que para la modificación de la Constitución se requiere el voto de las dos terceras partes del Congreso de la Unión. Lo anterior viene a colación por las constantes alusiones y respetuosas groseras y con falta de criterio, sobre la independencia de poderes, el Presidente de la República ha hecho durante esta semana, tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como al propio Congreso de la Unión, y ¿a qué me refiero? Por un lado, no le gustó que el ministro Lainez, de la Suprema Corte de Justicia, aceptara las demandas contra la Reforma Electoral, el famoso Plan B, y otorgará una suspensión provisional en la ejecución de los mismos, y les llegó a llamar al ministro Su Alteza Serenísima, con un absoluto a falta de respeto, y con falta también, de comprensión sobre lo que significa la independencia de poderes.

Ahora, durante esta semana, instruyó al Congreso de la Unión a que el proceso de selección de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral se hiciera por insaculación, que no se ejerciera la labor propia del Congreso que tiene que ver justamente con la posibilidad de los acuerdos políticos y los consensos necesarios para avanzar en la estructura política, social y económica del país.

¿Qué hace el presidente con su actitud? Asumirse como un prepotente con el dominio del poder, un absoluto poder autoritario en el que solamente la visión del presidente prevalece sobre cualquier otra discusión u autonomía de los poderes que conforman el estado mexicano. La incongruencia reflejada con respecto a la definición de la propia Secretaría de Gobernación me parece que es obvia, ojalá algún día los mexicanos entendamos que este camino del autoritarismo, no es el camino de la consolidación de las instituciones y la democracia en el país.

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