Sin mapa de navegación

Como ya he comentado en varias ocasiones, la próxima presidenta encontrará un mapa muy complicado de problemas en casi todos los campos, desde la economía hasta la educación, pero hay uno particularmente delicado y peligroso, que es cómo va a enfrentar la disputa con dos nuevos actores con poder, presencia y recursos, que son las Fuerzas Armadas y el crimen organizado. 

En eso no está claro el terreno que pise. La presidenta conoce bien la metástasis de la enfermedad, los intestinos de los arreglos y sabe que alguien puede tirar de la manta sí olfatea el peligro de que vayan por ellos. 

Por un lado, deberá decidir el tipo de arreglo que quiera o pueda construir, si es que quiere y puede, con una delincuencia organizada cada vez más fuerte y sofisticada, que no está dispuesta a ceder ni a perder un ápice de los territorios físicos, financieros e institucionales, y en cierto modo, políticos, que hoy dominan.

La prensa internacional ha reportado con bastante detalle, que muchos de estos grupos delictivos se han expandido a nuevos ilustrativos negocios en México y en el extranjero. En un informe de la DEA del año 2024, los calificó como organizaciones criminales transnacionales, porque están involucrados en el tráfico de armas, el lavado de dinero, el tráfico de inmigrantes, el soborno, la extorsión y una serie de otros delitos. Hoy, los grupos delincuenciales controlan más territorio que nunca, quizá cerca de un tercio del país, según una estimación del Ejército estadounidense.

Y por otro, infinitamente más enredado, es cómo responder a un acertijo crucial para su propia estabilidad y para la seguridad nacional, que es qué hacer con las fuerzas armadas. Desde los años cuarenta del siglo pasado, los militares jamás habían tenido tanto poder, atribuciones y dinero como ahora, los gobiernos de la posrevolución, los dejaron hacer a ciencia y conciencia, mirando para otro lado, en la acumulación de capital, manteniéndolos a raya con la provisión de apoyos y recursos por si quisieran levantarse en armas, e incorporándolos a la política partidista. Recuerde que el PRI tuvo un sector militar, todo lo cual ayudó a que en México no hubiera golpes de Estado, los militares establecieron así un modus vivendi comodo y rentable con los gobiernos civiles. 

Con la militarización ocupada estos años, México parece como se decía de España durante el siglo pasado, un país ocupado por su propio Ejército. Las Fuerzas Armadas controlan policías, carreteras, aduanas, bancos, puertos, aeropuertos, comunicaciones, empresas públicas y un largo etcétera, que no devolverán dócilmente al mando civil, al menos por cuatro razones. 

Una es que sus dominios actuales les dan poder inédito, otra es que ese estatus les permite una gestión mayúscula de recursos públicos, y por ende, acceso a negocios legales e ilegales, y extracción de rentas sin una fiscalización civil realmente exhaustiva, una tercera es que en caso de que mantengan ciertas operaciones deficitarias como los trenes, los puertos, van a necesitar una gigantesca inyección de recursos adicionales del presupuesto federal con los que éste no cuenta, y por último, la más importante, por su propia seguridad jurídica ante expedientes, acusaciones y hechos de presuntos abusos, corrupción e impunidad.

Suponer por tanto, que del poder que ahora tienen, volverán a las más modestas tareas, aunque muy apreciables, de ayudar con la distribución de los libros escolares, aplicar vacunas, operar planes ante desastres naturales, es sencillamente una candidez. Hasta ahora no está claro que el próximo gobierno tenga un mapa de navegación, pero es sin duda el desafío más importante que enfrentará en los próximos años.

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