Sinaloa: Complicidades que gobiernan

La acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa no es un episodio más en la larga historia de señalamientos cruzados entre ambos países. Es, en realidad, un momento de condensación política que obliga a mirar de frente tres problemas que México ha preferido administrar antes que resolver: la relación entre poder político y criminalidad, los mecanismos de protección dentro de las élites gobernantes y los límites de la soberanía en un contexto de presión internacional creciente.

Conviene comenzar por una advertencia básica: una acusación no es una sentencia. Corresponde a las instancias judiciales determinar la responsabilidad o inocencia de los implicados. Sin embargo, reducir el caso a una cuestión estrictamente legal sería perder de vista lo más relevante. Lo que está en juego no es solo la situación de un gobernador, sino las condiciones estructurales que hacen posible que estas acusaciones sean verosímiles.

Durante años, el discurso político en México —y en particular el de la llamada Cuarta Transformación— se ha construido sobre una promesa de ruptura moral: el fin de la corrupción, la separación entre poder político y criminalidad, la regeneración de la vida pública. Pero cuando las acusaciones alcanzan a figuras del propio movimiento, el lenguaje cambia. La denuncia externa se convierte en agravio, la investigación en injerencia, y la exigencia de pruebas en una forma de cerrar filas. No es un fenómeno nuevo, pero sí profundamente revelador.

Aquí es donde la discusión pública suele simplificarse en exceso. Se habla de “narcoestado”, de “captura del Estado” o de “gobernanza criminal” como si fueran diagnósticos cerrados. Pero estos términos, usados sin cuidado, más que explicar, oscurecen. Suponen, por ejemplo, que existe un Estado puro que ha sido invadido por lo criminal, o que el crimen ha sustituido completamente al poder político. Ninguna de esas imágenes alcanza a describir la complejidad de lo que ocurre en territorios como Sinaloa.

Tal vez la pregunta más productiva no es si el crimen gobierna, sino qué tipo de orden se está produciendo y cómo se articula con las instituciones formales. En muchos contextos, lo que observamos no es la desaparición del Estado, sino su reconfiguración en formas híbridas: arreglos informales, tolerancias selectivas, acuerdos tácitos que permiten la coexistencia —y en ocasiones la cooperación— entre actores políticos y organizaciones criminales. No se trata de una sustitución, sino de una superposición de lógicas.

Desde esta perspectiva, fenómenos como la violencia o incluso la desaparición dejan de ser solo “fallas” del sistema. Se vuelven, en ciertos casos, parte de los mecanismos mediante los cuales ese orden se regula, se estabiliza y se comunica. Esta es una idea incómoda, pero necesaria: la violencia no siempre desordena; a veces organiza.

El tercer elemento que complejiza el caso es la relación con Estados Unidos. La acusación proviene de un sistema judicial que ha ampliado de forma notable su capacidad para perseguir delitos más allá de sus fronteras, especialmente en materia de narcotráfico. Para Washington, la lógica es clara: proteger su seguridad interna. Para México, el dilema es más complicado. Defender la soberanía es una obligación política, pero hacerlo sin investigar a fondo las acusaciones puede derivar en algo más grave: la legitimación de la impunidad.

El riesgo, entonces, es doble. Por un lado, que el gobierno mexicano reduzca el caso a un conflicto diplomático y cierre filas en torno a sus actores políticos, debilitando aún más la confianza pública. Por otro, que Estados Unidos continúe avanzando en una lógica unilateral que termina subordinando la política de seguridad mexicana a sus propias prioridades.

Entre ambos extremos, lo que queda es una pregunta que no puede evadirse: ¿qué tan capaz es el Estado mexicano de investigar y, en su caso, sancionar a sus propios integrantes cuando existen indicios de vínculos con estructuras criminales?

Porque al final, más allá de nombres propios, el caso Sinaloa no es solo sobre un gobernador. Es una prueba de fuego para el Estado mexicano.

Si el gobierno decide cerrar filas y convertir la acusación en un agravio externo, enviará un mensaje claro: que la lealtad política está por encima de la rendición de cuentas. Y si eso ocurre, la promesa de regeneración moral habrá quedado definitivamente vacía.

Pero si tampoco hay capacidad institucional para investigar con seriedad, entonces el problema es aún más profundo: no se trata solo de voluntad política, sino de la fragilidad de un Estado que no puede —o no quiere— mirarse a sí mismo.

En ese escenario, la disputa ya no sería entre México y Estados Unidos, sino entre dos formas de producir verdad: la judicial externa y la negación interna. Y cuando un país delega la producción de verdad sobre sus propias élites en otro Estado, lo que pierde no es solo soberanía.

Pierde algo más grave: la capacidad de gobernarse a sí mismo.

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