Sinaloa y la soberanía en vilo

La discusión pública mexicana sobre soberanía suele activarse cada vez que Estados Unidos incrementa la presión sobre el gobierno mexicano en materia de seguridad. Esto ocurre con las extradiciones, con las investigaciones judiciales, con las declaraciones de funcionarios norteamericanos o con cualquier insinuación de intervención. Es entonces cuando aparece inmediatamente un lenguaje de defensa nacional que coloca la discusión en términos de dignidad, autonomía e injerencia extranjera.

Cabe decir que esto no es una preocupación ilegítima. México y Estados Unidos mantienen una relación profundamente asimétrica y sería ingenuo ignorar que Washington siempre actúa desde intereses estratégicos concretos. La seguridad fronteriza, el combate al fentanilo, el control migratorio y la estabilidad regional forman parte de una lógica histórica de preservación de hegemonía. Sin embargo, el problema comienza cuando la conversación pública reduce la soberanía exclusivamente a la capacidad de resistir presiones externas, mientras deja intacta otra discusión mucho más crítica: la erosión gradual de la capacidad del propio Estado mexicano para gobernar plenamente partes de su territorio.

La discusión alrededor de Rubén Rocha Moya revela precisamente esa tensión. El oficialismo interpreta el episodio casi exclusivamente como un intento de presión estadounidense sobre un gobierno incómodo para ciertos intereses. La oposición, por su parte, lo utiliza como un instrumento de desgaste electoral contra el partido gobernante. Ambas interpretaciones son políticamente comprensibles. El problema es que ambas simplifican un fenómeno mucho más profundo relacionado con la transformación contemporánea de la soberanía estatal bajo condiciones de captura criminal —captura que, conviene subrayarlo, no ocurre a espaldas de los actores políticos sino frecuentemente con su aquiescencia o, incluso, con su activo involucramiento.

Y aquí vale la pena recuperar una discusión clásica de teoría política. Para Max Weber, el Estado moderno se define por el monopolio legítimo de la violencia física sobre un territorio determinado. La definición suele citarse mecánicamente, pero pocas veces se piensa a fondo lo que implica. El monopolio no significa ausencia total de violencia privada. Significa algo más importante para nuestro contexto: que ninguna organización rival —y, en este caso, léase organización criminal— logre sustituir de manera consistente la capacidad estatal de coerción, regulación y producción de obediencia.

Y ese es precisamente el punto donde el problema mexicano adquiere otra dimensión. El crimen organizado ya no puede entenderse únicamente como un actor externo que desafía episódicamente al Estado mediante violencia armada. En numerosas regiones del país opera más bien como una estructura paralela de regulación territorial. Es decir, en ciertos territorios no sólo disputa el monopolio de la violencia. También disputa capacidades concretas de gobierno.

La discusión cambia entonces radicalmente. La pregunta deja de ser únicamente si Estados Unidos amenaza la soberanía mexicana y comienza a ser si el propio Estado mexicano conserva capacidades suficientes para ejercer autoridad efectiva dentro de su territorio.

Aquí aparece una segunda dimensión fundamental. Carl Schmitt afirmaba que soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Más allá de las implicaciones problemáticas de su pensamiento, la intuición resulta útil para entender ciertas dinámicas contemporáneas. La soberanía no se juega únicamente en el reconocimiento jurídico internacional, sino en la capacidad real de decidir qué autoridad prevalece bajo condiciones críticas.

Y es justamente este uno de los rasgos más delicados del México contemporáneo. En muchas regiones las fronteras entre autoridad legal, poder político y estructuras criminales se han vuelto sumamente opacas. El problema ya no es solamente corrupción individual o infiltración aislada. El problema es la formación de redes de intermediación donde actores políticos, económicos y criminales participan conjuntamente en la producción de orden territorial —y donde los primeros no siempre son víctimas de los segundos, sino con frecuencia sus socios.

En esos contextos, la pregunta schmittiana adquiere una enorme fuerza sociológica: ¿quién decide realmente sobre el orden cotidiano en ciertas regiones del país? ¿Quién determina qué actividades económicas pueden realizarse? ¿Quién establece límites de circulación? ¿Quién define qué violencia se tolera y cuál se castiga? ¿Quién protege efectivamente a la población?

La respuesta resulta cada vez más incómoda porque en algunos territorios la decisión efectiva ya no depende exclusivamente del Estado.

Sin embargo, el problema todavía es más profundo. Porque la soberanía contemporánea ya no puede analizarse únicamente desde la coerción o la decisión excepcional. Aquí resulta indispensable incorporar otra perspectiva, la desarrollada por Michel Foucault alrededor de las formas de gobierno y administración de la vida social. Y hacerlo no para simplemente sumar una tercera herramienta analítica, sino porque la perspectiva foucaultiana desplaza —no sólo complementa— las anteriores. En efecto, si el poder opera fundamentalmente como administración de poblaciones y regulación de conductas, entonces la pregunta por el monopolio weberiano de la violencia resulta insuficiente para capturar lo que realmente está en juego.

En sus escritos sobre gubernamentalidad Foucault mostró que el poder moderno no opera únicamente prohibiendo o reprimiendo. También organiza circulaciones, administra poblaciones, regula comportamientos y produce formas concretas de vida cotidiana. Gobernar implica intervenir sobre la movilidad, el comercio, la seguridad, el trabajo y los cuerpos.

Eso permite observar algo crucial en muchas regiones atravesadas por economías criminales. Los grupos criminales no solamente utilizan violencia. También producen formas de gubernamentalidad local. Regulan horarios, establecen permisos informales, administran mercados, controlan rutas, definen mecanismos de protección y producen sistemas paralelos de regulación económica y social.

Por eso la soberanía no puede reducirse a una bandera nacionalista ni a una disputa diplomática con Washington. La soberanía también involucra la capacidad efectiva de producir orden cotidiano bajo una autoridad estatal relativamente estable. Y ese es precisamente el terreno donde el Estado mexicano enfrenta sus tensiones más profundas.

Sin duda, el problema se ha agravado durante décadas mediante pactos de impunidad que atravesaron partidos, gobiernos locales, corporaciones policiales y estructuras económicas. La narcopolítica dejó de ser únicamente un fenómeno de protección clandestina para transformarse, en ciertos casos, en formas híbridas de articulación entre estructuras criminales y redes institucionales. Sinaloa concentra quizás la expresión más densa y prolongada de esa historia no sólo por la antigüedad del narcotráfico en la región, sino porque ahí los circuitos entre economía criminal, poder político y legitimidad social alcanzaron una complejidad que convirtió al Estado en referencia obligada para entender cómo se erosiona la soberanía desde adentro. Lo que el caso Rocha Moya hace visible no es una anomalía sino la superficie de esa acumulación histórica.

De ahí que reducir el problema a una simple disputa electoral o a una conspiración norteamericana impide observar el verdadero núcleo del conflicto e impide ver lo que ocurre en Baja California, en Tamaulipas, en Michoacán y en otros estados de la República. De tal suerte, el dilema que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum no es nuevo ni es externo sino la herencia acumulada de décadas de captura institucional en las que participaron actores de distintos partidos y distintas administraciones, incluyendo algunos que hoy integran la coalición gobernante.

Por eso el desafío no consiste solamente en resistir presiones estadounidenses. El verdadero dilema consiste en decidir hasta dónde el Estado mexicano está dispuesto a reconstruir capacidades institucionales de autoridad frente a procesos prolongados de captura criminal —lo que implica, inevitablemente, actuar contra intereses que forman parte del propio bloque en el poder.

Y esa es la discusión que el país sigue evitando. La soberanía no sólo se pierde cuando una potencia extranjera impone condiciones desde fuera. También se erosiona cuando el propio Estado pierde gradualmente la capacidad de producir orden, monopolizar decisiones y organizar la vida cotidiana dentro de su territorio.

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