Un año para la reflexión democrática

A 4 días de cerrar el año 2025 se antoja hacer un balance de las impericias políticas y administrativas de los tres poderes de la unión en nuestro país. Primeramente, el poder ejecutivo tuvo una concentración de poder y debilitó a los contrapesos.

La presidencia consolidó un control hegemónico sobre la agenda nacional apoyada por mayorías legislativas. Ello redujo la negociación interpartidista y los contrapesos formales generando riesgos de arbitrariedad y decisiones sin costo político.

Por otra parte, la reforma judicial impulsada desde el Ejecutivo, presentada como democratización, la reforma terminó subordinando la independencia judicial al poder político.

La elección popular de jueces y ministros sin filtros técnicos ni días de transparencia expuso una fragilidad institucional y abrió espacio para presiones partidistas. También la gobernabilidad interna.

El poder se ejerce desde la dinámica interna de Morena, más que desde las instituciones, lo que ha generado un desorden y una falta de reglas claras para procesar los conflictos. Las instituciones han quedado atrás y el poder lo ejerce un partido político como movimiento.

El poder legislativo, por un lado, las mayorías sin una deliberación efectiva, el Congreso operó como brazo del ejecutivo aprobando reformas de gran calado de manera instantánea, sin debates sustantivo ni inclusión de minorías. Aquello de que no me le quiten ni una coma.

Ello debilitó la calidad democrática y normalizó prácticas que erosionan el estado de derecho. Por otro lado, las reformas constitucionales constitucionales inimpugnables.

Una modificación que vuelve inimpugnable las reformas constitucionales, incluso si vulneran derechos humanos, eliminaron un pilar del constitucionalismo democrático. El Poder Judicial, por su parte, tuvo una elección popular de jueces y ministros que fue un fracaso democrático.

La elección registró una participación mínima 12.5% de la lista nominal de electores, boletas complejas, falta de información la aparición del acordeón, lo que imposibilitó un voto informado. Esto comprometió la legitimidad y la imparcialidad judicial.

Por otro lado, la politización y pérdida de independencia. La nueva Suprema Corte quedó integrada por perfiles cercanos al oficialismo sin una trayectoria sólida, despotismo y rencores y fallas.

Por otro lado, el personal de carrera y servidores públicos que trabajaron por la impartición de justicia en otro tiempo no han sido liquidados ni tomados en cuenta. Y aquí la reflexión es válida, ellos también son pueblo. 

El año 2025 marcó un retroceso para México en la separación de poderes.El ejecutivo concentró facultades, el legislativo renunció a su papel deliberativo y el judicial perdió independencia bajo una bandera democratizadora.

Estas impericias no solo afectan la gobernabilidad, sino que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones y ponen en riesgo el estado de derecho.

Esperamos que el año 2026 nos traiga un nuevo compromiso de las y los políticos frente a la ciudadanía

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Ignacio Ruelas Olvera
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