Una resolución histórica

Esta semana, el juez José Reynoso Castillo, del estado de Nuevo León, emitió una resolución histórica en virtud de la cual, cinco militares, cinco soldados, han sido sentenciados a 90 años de prisión por el asesinato de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Javier Francisco Redondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso en el año 2010. 

Este fallo judicial es de la mayor importancia, no solo por el castigo que supone para los autores del crimen, y en cierto modo para la corporación a la que pertenecen, el Ejército mexicano, sino, porque demuestra una vez más la grave equivocación de militarizar la estrategia de seguridad pública en México. Veamos las cosas con detenimiento, y la pregunta central sigue siendo la misma: ¿esa medida es eficaz para reducir sustancialmente la grave inseguridad en México?, la respuesta categórica es que no. El problema medular es que las Fuerzas Armadas no son competentes para mitigarlo, ni mucho menos para resolverlo, su gran deficiencia es que no están hechas para desempeñar tareas de seguridad pública, no lo saben hacer, no están preparados y su lógica de operación, que es militar, puede llevar excesos, violaciones y corrupción, como de hecho en ocurrió en Monterrey hace 13 años. Los hechos fueron los siguientes: la noche del 19 de marzo del 2010, varios soldados del Ejército asesinaron a mansalva a estos dos jóvenes estudiantes del Tec. de Monterrey, en una aparente rondín que hacían los militares por una avenida de Monterrey, donde yo vivía entonces trabajando para el Tec., se toparon con los muchachos que salían por la noche de las instalaciones del campus para cenar o para irse a su casa, al ser acosados por los soldados se asustaron y corrieron nuevamente hacia el interior del campus, fueron perseguidos hasta allí y asesinados a sangre fría. Para esconder la verdad de los hechos, el Ejército dijo que el homicidio había sido en el contexto de un enfrentamiento con el narcotráfico y acusaron a los estudiantes de formar parte del crimen organizado. Todo fue una mentira todo. Se comprobó después, los militares persiguieron a los estudiantes, los golpearon, les metieron varios tiros, alteraron la escena del crimen, colocaron armas de fuego encima de sus cuerpos y se robaron las cámaras de seguridad para esconderle evidencia, el asesinato fue producto de un montaje premeditado realizado por el Ejército, y avalado por las autoridades de todos los niveles de gobierno en ese momento. Semanas después del asesinato, el entonces procurador general de la República, viajó a Monterrey para entrevistarse en privado con las autoridades del Tec., llevaba dos gruesos expedientes que compartió con estas en donde se mostraba fehacientemente que los soldados mataron a los estudiantes; no obstante, el propio secretario de la Defensa negó los hechos en una reunión donde yo estuve presente, seis militares fueron identificados por la justicia como involucrados y hasta hace poco tres de ellos estaban detenidos y procesados como presuntos homicidas, dos permanecían prófugos y el último sigue desaparecido. Antes de esto, únicamente un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional había sido juzgado por este caso en una corte militar que casualmente lo declaró inocente. Estos son los hechos y la sentencia del juez es una decisión que supone un acto de justicia, aunque no de reparación porque los jóvenes están muertos, pero debe ser un serio llamado de atención para impedir que se sigan produciendo crímenes como este, esa es la cuestión de fondo, además de la ineficacia militar y de las violaciones a los derechos humanos, hay una alta probabilidad de corrupción e impunidad, es difícil saber con exactitud la magnitud de estas incidencias en las Fuerzas Armadas, porque se llevan en el cerrado sistema de justicia militar, pero una organización civil reportó que del año 2015 al 2020, se denunciaron en México casi 34.000 delitos relacionados con brutalidad policial, de los cuales sólo 373 fueron judicializados y 172 concluyeron en una sentencia condenatoria, es decir, el índice del presente impunidad es de 99.5 por ciento para los ilícitos cometidos por parte de policías o de integrantes de las Fuerzas Armadas.

Pues bien, hechos como estos no son aislados, los ejemplos son numerosos y existe un serio riesgo de que aumenten, básicamente porque la función de los militares no es realizar acciones de policía, y mucho menos en México, el Ejército y la Marina son instituciones importantes en la defensa de la soberanía y la seguridad nacional, pero otra cosa es de eficacia en las políticas de seguridad pública y la integridad de personas, familias y patrimonios, es urgente actuar para que nunca más se repitan estos crímenes.

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