Mandan al cereso a otros tres por extorsionar a locatarios del Agropecuario
La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través del trabajo coordinado entre las áreas de investigación y litigación, logró que un Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso en contra de Christian Alejandro “N” alias “Pacheco”, Edgar René “N” alias “Negro” e Ismael “N” alias “Piola”, por su probable participación en el delito de extorsión agravada, cometido en agravio de varios locatarios del Centro Comercial Agropecuario.
De acuerdo con la investigación, el 16 de mayo de 2025, los imputados habrían comenzado a ejercer violencia moral contra comerciantes del Centro Comercial al identificarse como integrantes de una organización criminal, presuntamente les indicaron que debían vender fruta impuesta por ellos, bajo sus condiciones y precios. Aseguraron que no se trataba de un juego y amenazaron con represalias si se negaban a cooperar.
A partir del 18 de mayo del mismo año, los afectados comenzaron a recibir, en contra de su voluntad, diversas cargas de producto dentro del centro comercial, sumando un total de aproximadamente 59 toneladas que se vieron forzados a comercializar bajo amenazas constantes.
Posteriormente, el 10 de junio de 2025, Ismael “N” alias “Piola” presuntamente comenzó a exigir pagos disfrazados bajo el concepto de una “rifa”, con el argumento de que, si no accedían, sus bodegas serían incendiadas o sufrirían agresiones, los comerciantes recibieron una tabla con sus nombres y las cantidades que supuestamente debían pagar por participar en la falsa rifa.
El 5 de julio de 2025, nuevamente Ismael “N” se habría comunicado con las víctimas para informarles que ahora los cobros serían quincenales y con el doble del monto previo, derivado de las amenazas y el clima de temor, los afectados entregaron un total de 197 mil 500.00 pesos, como parte del cobro que estas personas les hacían.
Tras diversas denuncias, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, realizaron diversas diligencias para esclarecer los hechos, recopilando información clave mediante entrevistas, reconocimientos y análisis de patrones delictivos, logrando con ello identificar plenamente a los probables responsables y su modus operandi, que implicaba amenazas, coacción y cobros ilegítimos a comerciantes.
Por su parte, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Combate al Secuestro integró una carpeta de investigación sólida, sustentada en pruebas periciales, testimoniales y documentales, lo que permitió la judicialización del caso y la obtención de medidas cautelares de prisión preventiva en su doble aspecto: oficiosa y justificada.
El Juez de Control valoró los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y determinó la vinculación a proceso de los tres imputados, asimismo, concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual se continuará robusteciendo el caso en aras de garantizar justicia para las víctimas y sanción a los responsables.
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