Se hizo pasar por abogado y obtuvo mas de 35 mil pesos

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que fue vinculado a proceso Ricardo “N” por su probable responsabilidad en el delito de fraude, luego de que presuntamente se hiciera pasar por abogado para obtener un beneficio económico indebido en perjuicio de una víctima.

De acuerdo con los datos de investigación, una persona recomendó al señalado como supuesto profesionista para llevar a cabo diversos trámites legales; sin embargo, el imputado no contaba con cédula profesional que lo acreditara como abogado. A pesar de ello, habría recibido diversas cantidades de dinero por concepto de honorarios sin realizar las gestiones correspondientes.

Asimismo, el ahora vinculado presuntamente también se ofreció a gestionar apoyos a favor de la víctima, conducta con la cual obtuvo un lucro indebido por la cantidad de 35 mil 500 pesos.

Tras la presentación de la denuncia, la agente del Ministerio Público inició las diligencias correspondientes, recabando los datos de prueba necesarios que fueron expuestos ante la autoridad judicial, logrando que se librara una orden de aprehensión en contra del señalado.

Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado por agentes de la Policía de Investigación Criminal, quienes ubicaron y detuvieron al requerido sobre Avenida Independencia, esquina con Avenida Paseo de la Soledad, en la colonia Trojes de Oriente II de esta ciudad. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Estatal para la realización de los trámites legales conducentes.

En audiencia inicial, el Juez de Control analizó los datos de prueba presentados por la representación social y determinó vincular a proceso a Ricardo “N” por el delito de fraude, al considerar que existen elementos suficientes para presumir su participación en los hechos denunciados.

Como medidas cautelares, el órgano jurisdiccional impuso la obligación de presentarse de manera quincenal ante la autoridad correspondiente, la prohibición de salir del estado y del país sin autorización judicial, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, con el objetivo de garantizar su comparecencia al proceso y la protección de la parte afectada.

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