Darán facultades a Estado y municipios para actuar contra tragamonedas
27 legisladores presentan iniciativa para dar facultades a Estado y municipios para actuar en contra de máquinas tragamonedas de azar.
La propuesta pretende modificar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, en específico, agregar un artículo, el 34 Bis.
En la exposición de motivos, además de reconocerse la virulencia y violencia de los grupos delictivos, también se señala lo que la ciudadanía ha denunciado, que más tardan los operativos en retirar máquinas tragamonedas, que la delincuencia organizada en volverlas a colocar.
En este caso lo que se pretende, es que Estado y Municipios puedan solicitar el apoyo de las fuerzas armadas federales y de la Guardia Nacional, para la implementación de operativos de este tipo, con la finalidad de que se brinde seguridad perimetral, aseguramiento de bienes, apoyo logístico y protección; sin trasladar a las fuerzas federales las facultades administrativas, operativas o de investigación.
También se señala que esta intervención de las fuerzas federales, Marina y la SEDENA, deberán ser de “carácter excepcional” en supuestos donde esté vinculada la delincuencia organizada, delitos de alto impacto o hechos de competencia federal.
La propuesta del nuevo artículo 34 Bis, está redactada de la siguiente manera:
Artículo 34 Bis. Las autoridades estatales y municipales podrán solicitar y coordinar el acompañamiento de las autoridades federales, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable.
Dicho acompañamiento tendrá por objeto brindar seguridad perimetral, aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito, apoyo logístico y protección de los intervinientes en las diligencias que efectúen las Instituciones Policiales del Estado y los Municipios, sin que se transfieran a las fuerzas armadas las facultades administrativas, operativas o de investigación que correspondan a las autoridades civiles. Esta coordinación se desarrollará observando el respeto a los derechos humanos y las leyes sobre el uso de la fuerza, y se llevará a cabo mediante los protocolos de actuación interinstitucional que emita el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
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