Justicia Cívica ya será obligatoria para todo el Estado, proponen crear ley estatal

Al Congreso del Estado llega propuesta para crear la Ley de Justicia Cívica para el Estado, con lo que la implementación de todo el sistema ya no quedará al libre arbitrio de cada municipio.

La propuesta para crear el nuevo marco legal corre a cargo de la diputada local del PAN, Nancy Gutiérrez, quien en su exposición de motivos reconoce -en algunos casos- la omisa e inadecuada atención de faltas administrativas y de los conflictos derivados de la convivencia cotidiana, lo que genera las condiciones propicias para su escalamiento, con lo que se pueden convertir en factores detonantes de violencia social y, eventualmente, de conductas delictivas.

Y si bien, tradicionalmente la regulación de estas conductas antisociales, que no llegan a convertirse en delitos calificados, han recaído en los bandos de policía y gobierno de los municipios, estos no cuentan con una estructura sistemática, de criterios homogéneos y de una visión integral que permita abordar los conflictos comunitarios desde una perspectiva preventiva y restaurativa. 

En este caso, la citada y pretendida nueva ley, consta de 11 títulos y 92 artículos, entre los que se cuentan desde definiciones básicas, hasta el tratamiento de menores, los cuales serán diferenciados entre niños y niñas, adolescentes y menores en situación de abandono.

Tambien se contempla la creación de un registro de detenciones por faltas administrativas, el cual será regido por la identificación biométrica, para evitar el uso de identificaciones falsas, además de que deberá estar conectado al registro nacional de detenciones, al sistema estatal de seguridad pública y al registo estatal de infracciones.

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Además, los sistemas municipales serán evaluados anualmente, por el Consejo Estatal de Justicia Cívica, el cual estará integrado por el Poder Judicial, el Legislativo, la Fiscalía Estatal, la SSPE, las secretarías de Salud, de la Familia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, un representante de cada ayuntamiento, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y representantes de la academia y de la sociedad civil.

En cuanto a la evaluación de riesgos y reincidencias, se contempla la detección temprana de trastornos mentales y consumo de sustancias; así como el trabajo comunitario para resarcir el daño causado a la comunidad por los infractores.

Sobre las sanciones, estas pueden ir desde una simple amonestación, multas, arresto administrativo hasta por 36 horas, pero queda prohibido en menores de 18 años; así como trabajo comunitario, el cual será sustituido por arresto, en caso de que el infractor no cumpla.

Estas serían las bases de la nueva Ley de Justicia Cívica del Estado, con la que se pretende, señala la exposición de motivos; “la prevención de la violencia, la solución pacífica de conflictos y la reconstrucción del tejido social”.