Piden destitución e inhabilitación de junta de gobierno de la UAA, tras estafa ponzi

Piden investigar, sancionar e incluso inhabilitar a los nueve integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por sus supuestas omisiones en el caso de la Estafa Ponzi. 

El grupo “Círculos Universitarios”, hizo llegar a la redacción de Bi Noticias el oficio de la denuncia anónima -por temor a represalias- presentada ante la Secretaría de la Función Pública, con oficio CDAC/DDAC/CC/4418/2024, para solicitar la intervención de la dependencia y las investigaciones correspondientes en torno al desfalco, que hasta el momento ronda cerca de los 300 millones de pesos desviados de la institución universitaria. 

En el mismo documento, se hace referencia a las sanciones de las cuales pudieran ser objeto la rectora Sandra Yesenia Pinzón Castro, el titular de la Contraloría, y los nueve integrantes de la Junta de Gobierno, por el perjuicio al patrimonio universitario y las supuestas omisiones respecto al fraude del que estaba siendo víctima la institución, el cual, de acuerdo con el documento, era de conocimiento de los integrantes de la Junta de Gobierno y la Contraloría, sin que ésta haya intervenido. 

“Círculos Universitarios” asegura que en este caso, se cometieron delitos como ejercicio indebido del servicio público, ejercicio ilícito del servicio público, peculado, entre otros, que contemplan la destitución de los cargos y la inhabilitación de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos.

Incluso, en el mismo, se sugiere la configuración de las sanciones que van de dos a nueve años de cárcel, contempladas en el Código Fiscal de la Federación, a quien “por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados; o bien al que a sabiendas permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.”

El texto finaliza insistiendo en la designación de la Contraloría de la máxima casa de estudios por parte del Congreso del Estado, a fin de garantizar el buen ejercicio de los recursos públicos de la institución. 

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