Proponen reforma para combatir reclutamiento forzado

En el Congreso del Estado presentan iniciativa para proteger a infancias del reclutamiento forzado.

Se trata de una propuesta presentada por el diputado local de MORENA, José Trinidad Romo Marín, para modificar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con tal de obligar a las autoridades a tomar medidas contra esta práctica.

En la exposición de motivos de su propuesta, si bien el legislador reconoce que el problema es menor en Aguascalientes, recuerda casos recientes:

•         En marzo de 2025, la Fiscalía General del Estado rescató a dos jóvenes que caminaban por la frontera entre Aguascalientes y Zacatecas, quienes relataron haber sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de un grupo delictivo. Estos menores fueron atendidos por la Unidad Especializada (Fiscalía Antisecuestros) para investigar su desaparición y posible enganche criminal, en coordinación con autoridades federales. Este caso, confirmado por el Fiscal General, evidencia que existen intentos de captación de jóvenes de la entidad por organizaciones delincuenciales colindantes.

•         Asimismo, se recordó un hecho previo ocurrido durante un enfrentamiento armado en límites de Aguascalientes, donde uno de los integrantes detenidos resultó ser un adolescente reclutado en otro estado (Puebla) para trabajar con la delincuencia organizada. Esto demuestra que las redes de reclutamiento trascienden fronteras estatales, afectando a la juventud local directa o indirectamente.

Asimismo, en su presentación, deja patentes estadísticas nacionales que -afirma el legislador- “sugieren que Aguascalientes aporta una proporción significativa de menores involucrados en delitos. A julio de 2022 había en México 3 mil 99 adolescentes -de entre 14 y 17 años- privados de la libertad por diversos delitos (93% varones), y otros 2 mil 461 sujetos a medidas no privativas; en total 5 mil 560 jóvenes en conflicto con la ley. En este rubro, Aguascalientes figuró, junto a entidades de alta criminalidad como Jalisco, Baja California, Guanajuato, Sinaloa, etc., entre los estados con mayor cantidad de adolescentes vinculados a procesos penales. Si bien esta cifra incluye toda clase de delitos, sugiere que un número considerable de menores aguascalentenses ha sido utilizado por grupos criminales como mano de obra en actividades ilícitas”.

Asimismo, se señalan datos del gobierno federal en el sentido de que Aguascalientes colinda con regiones de alta incidencia de reclutamiento infantil, pues en un informe de la Secretaría de Gobernación del año 2020 se identifica a siete estados -entre ellos Jalisco, Guanajuato y Michoacán, cercanos geográficamente a Aguascalientes- que concentran más de la mitad de la niñez en riesgo de ser reclutada. 

Por lo que, señala el legislador, si bien Aguascalientes no aparece en estas listas, “existe una amenaza latente para su población infantil y juvenil, dada su ubicación en el centro del país y la movilidad interestatal de grupos delictivos”.

Aunado a las cifras presentadas en su propuesta, el legislador identifica varias problemáticas en el estado, como son la falta de reconocimiento expreso del problema en la legislación local, vacíos en la tipificación penal a nivel estatal, ya que actualmente, el Código Penal del Estado no cuenta con un delito autónomo de reclutamiento de menores en la delincuencia organizada; además de la necesidad de protocolos especializados para prevenir, detectar o actuar ante posibles casos de captación de menores y finalmente, señala el morenista; la insuficiente articulación interinstitucional, lo que redunda en una información y sensibilización limitada a la sociedad sobre este grave problema, por lo que pocos padres de familia, comunidades y los propios adolescentes conocen plenamente el riesgo y las tácticas de reclutamiento. 

Por tal motivo, la propuesta para modificar el marco legal, en su artículo 47, en donde se señala:

Las autoridades del Estado de Aguascalientes y de sus Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender, sancionar y reparar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos, en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral; así como el reclutamiento, captación o utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de asociaciones delictuosas. Para tales efectos, las autoridades deberán establecer protocolos y programas integrales de prevención del reclutamiento, captación o utilización de niñas, niños y adolescentes, asegurando que las medidas de prevención incluyan:

Diagnóstico territorial actualizado sobre zonas de riesgo y mecanismos locales de captación delictiva;

Protocolos escolares y comunitarios de detección temprana y canalización;

Campañas públicas de sensibilización dirigidas a familias, docentes y niñas, niños y adolescentes;

Monitoreo de plataformas digitales y redes sociales utilizadas para la captación de menores;

Capacitación a personal educativo, sanitario, de procuración de justicia y seguridad pública.

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