Estados Unidos sanciona a Díaz-Canel y amplía medidas contra integrantes de la familia Castro
El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, su esposa y varios integrantes de la familia Castro, en una medida que profundiza la presión económica y política de Washington sobre la isla.
Las sanciones, dadas a conocer por el Departamento del Tesoro estadounidense, incluyen también a Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro; a Raúl Alejandro Castro, nieto del líder revolucionario; y a Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano.
Díaz-Canel ya había sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos en julio del año pasado, cuando Washington lo responsabilizó por la represión de las manifestaciones ciudadanas registradas en Cuba en 2021.
La decisión se enmarca en una estrategia más amplia impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha endurecido las medidas contra el gobierno cubano durante su segundo mandato.
Además de las sanciones económicas dirigidas a funcionarios y entidades vinculadas al régimen, Washington ha promovido acciones judiciales y restricciones comerciales. Entre ellas destaca la histórica inculpación del expresidente Raúl Castro, de 95 años, por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, así como un bloqueo petrolero de facto implementado desde principios de este año.
Estados Unidos mantiene un embargo económico contra Cuba desde 1962, una política que continúa siendo uno de los principales puntos de conflicto entre ambos países.
Las nuevas medidas llegan en un momento especialmente delicado para la isla, que atraviesa la que diversos analistas consideran la peor crisis económica y humanitaria desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. La escasez de alimentos, medicinas y combustible, así como los prolongados apagones eléctricos, han incrementado el malestar social en los últimos años.
Pese a las tensiones, Washington y La Habana mantienen conversaciones orientadas a encontrar una salida a la crisis bilateral. Sin embargo, hasta el momento las negociaciones no han producido avances significativos.
El gobierno estadounidense sostiene que Cuba representa una amenaza para su seguridad nacional y acusa a las autoridades de la isla de mantener prácticas contrarias a los derechos humanos y los principios democráticos.
Por su parte, el gobierno cubano rechaza esas acusaciones y asegura estar dispuesto a dialogar con Estados Unidos, aunque insiste en que cualquier negociación deberá realizarse sin comprometer la soberanía nacional ni el modelo político del país.
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