"No habrá una narcoelección", asegura consejero del INE
Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), aseveró en una conferencia de prensa que carece de información concluyente para afirmar que se llevará a cabo una "narcoelección" el próximo 2 de junio. A pesar de esto, reconoció la inquietud del organismo ante la inseguridad que prevalece en todo el país durante el proceso electoral.
"Yo no tengo datos para firmar que pueda haber una narco elección; o sea, hay un tema de seguridad en todo el país, sin duda alguna lo hay, hay que atenderlo, todas las autoridades involucradas, pero yo creo que, yo, al menos personalmente, no tengo datos para afirmar que existe una narcoelección, sí hay temas de seguridad, es cosa que hay que atender sin duda alguna".
Sin embargo, reconoció que el tema preocupa a las autoridades electorales.
"Estamos preocupados por el tema y es una preocupación que se ha puesto abiertamente sobre la mesa del Consejo General y de ahí, que estemos haciendo una coordinación más intensa con las autoridades de seguridad; no podemos hacer más allá en materia de seguridad porque no es competencia nuestra y que el Instituto se involucrara en materia de seguridad pondría en riesgo la misma organización de la elección".
En días pasados el magistrado Felipe de la Mata Pizaña alertó sobre la creciente influencia del crimen organizado en las elecciones, especialmente para gubernaturas, advirtiendo que el fenómeno podría intensificarse en las elecciones de 2024. Expresó preocupación por la posibilidad de que, si persiste esta tendencia, en 2030 alguien vinculado con la delincuencia busque la presidencia, como ha ocurrido en Colombia.
Durante una conferencia magistral en Chiapas, De la Mata destacó la necesidad de abordar el problema, proponiendo soluciones y cuestionando las limitaciones actuales para las autoridades electorales. Ejemplificó casos de violencia y presión durante elecciones en Chiapas y Coahuila, subrayando la incidencia del crimen organizado en el proceso electoral mexicano.
El magistrado abogó por medidas concretas, como la creación de una base de datos pública para candidatos con vínculos delictivos, la bancarización de aportaciones privadas y la posibilidad de denuncias anónimas en el INE como parte de un enfoque integral para salvaguardar la integridad del sistema electoral mexicano.
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