Comparece presidente Pedro Castillo ante Fiscalía peruana
Pedro Castillo, presidente de Perú, compareció ante la Fiscalía, pues se le acusa de dirigir una presunta red de corrupción que operaba desde el Palacio de Gobierno; no obstante, se negó a responder, haciendo valer su derecho constitucional de guardar silencio.
Al abandonar la Fiscalía, tras una audiencia de dos horas y media, detractores del mandatario izquierdista arrojaron huevos contra el vehículo oficial que le servía de transporte. El dirigente de 52 años se presentó ante Patricia Benavides, fiscal de la nación, en una causa vinculada con la destitución el pasado 20 de julio de Mariano González, ministro del Interior.
La Fiscal cree que, con la abrupta salida González, quien estuvo apenas dos semanas dirigiendo ese ministerio, Castillo trató de impedir la designación de un equipo especial de la policía para localizar a dos integrantes de su entorno que se encuentran prófugos de la justicia.
Castillo, quien no puede ser juzgado al poseer inmunidad, también fue convocado para responder acerca de un supuesto tráfico de influencias en la compañía estatal PetroPerú y en el marco de una pesquisa por presuntamente comandar una red de corrupción.
Benji Espinoza, su defensor legal, detalló que Castillo no contestó a las preguntas de los fiscales acogiéndose a su derecho a guardar silencio y que se limitó a efectuar una declaración negando las imputaciones que le hace la fiscal.
Posteriormente, Castillo detalló a un grupo de simpatizantes que lo aguardaba en la sede del Ejecutivo que "hemos ido a decirle a la fiscal de la nación que no solo las rechazo, niego rotundamente estas falsas acusaciones que se vienen dando".
Cabe señalar que la Fiscalía abrió seis pesquisas contra Castillo, algo inédito para un presidente en Perú que se encuentra en ejercicio de sus funciones. Por su parte, la primera dama Lilia Paredes había sido citada por el mismo caso en una sede judicial; sin embargo, a último momento se suspendió la audiencia, informó su abogado.
A Paredes se le imputan los delitos de organización criminal y lavado de activos, como parte de la supuesta red que lidera su esposo, de acuerdo con la Fiscalía, que cursó una solicitud para prohibirle salir del país durante 36 meses.