Suprema Corte ordena al Congreso de Yucatán despenalizar el aborto

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una histórica resolución al ordenar al Congreso del Estado de Yucatán despenalizar el aborto. Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Sala concedió un amparo a la asociación civil Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, que brinda servicios de interrupción del embarazo.

El fallo se origina tras la impugnación de los artículos 389, 390, 392 y 393 del Código Penal de Yucatán, los cuales penalizan el aborto en la entidad. La ministra Margarita Ríos Farjat, encargada de presentar el proyecto, propuso inicialmente que la inaplicación de estos artículos se limitara a la asociación civil que presentó la demanda, sin obligar al Congreso local a derogar las leyes. Sin embargo, tres ministros de la Sala respaldaron la propuesta de conceder el amparo con efectos extensos, siguiendo precedentes de casos anteriores, lo que resultó en la orden al Congreso de Yucatán para derogar los artículos en cuestión.

Durante la deliberación, la ministra Ríos Farjat expresó su apoyo al proyecto, pero se mostró en desacuerdo con la amplitud de los efectos. "Yo estoy a favor del sentido del proyecto, pero en cuanto a los efectos, se habían propuesto unos efectos acotados, la mayoría determinó que fueran extensos en relación con precedentes, se están presentando entonces extensos y yo estoy en contra de eso, me parece que deben ser acotados", comentó.

La asociación civil que impulsó el amparo argumentó que las normas impugnadas vulneran el derecho humano a decidir de las personas que acompañan en su labor, y que la criminalización del aborto crea un efecto disuasivo en quienes desean interrumpir su embarazo de manera voluntaria. Además, señalaron que estas leyes perpetúan una visión social que impone la maternidad como destino obligatorio.

El juez de primera instancia había desestimado inicialmente la demanda, argumentando que la asociación civil no había demostrado que se dedicara a practicar interrupciones del embarazo, y por lo tanto, las normas no le afectaban directamente. Sin embargo, la asociación civil combatió esta decisión, destacando que su labor durante más de 20 años ha estado centrada en proteger el derecho a decidir mediante la prestación del servicio médico de aborto.

Ante este escenario, el Tribunal Colegiado solicitó a la Suprema Corte reasumir su competencia en el caso. La Primera Sala, tras analizar la situación, revocó la sentencia de primera instancia y concedió el amparo, lo que marcará un cambio significativo en la legislación de Yucatán, beneficiando a la población de la entidad al garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva sin la amenaza de criminalización.

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