Aguascalientes: registrar no significa delinquir

Cuando una entidad encabeza las estadísticas de justicia juvenil, suele aparecer casi de inmediato una conclusión: hay que endurecer las penas. Se afirma que las sanciones para menores son insuficientes, que existe una puerta giratoria o que los adolescentes responsables de delitos graves deberían recibir un trato equivalente al de los adultos.

Aguascalientes, primer lugar nacional en las más recientes Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley del INEGI, ilustra bien este razonamiento. El problema es que esa interpretación parte de una lectura incompleta —o apresurada— del indicador.

Precisamente para entender mejor lo que está pasando, me di a la tarea de analizar las dos ediciones de EPACOL y construir una serie de ocho años, de 2017 a 2024, para las treinta y dos entidades del país. El resultado es un reporte de investigación sobre el caso de Aguascalientes.

Para empezar, en necesario insistir en que la cifra que coloca al estado en primer lugar no mide directamente delincuencia juvenil. Más bien, lo que hace es registrar cuántas veces las instituciones de seguridad pública estatales y municipales ponen a una persona adolescente a disposición de un juez cívico o del Ministerio Público.

Y es aquí donde aparece el primer dato revelador. Entre 95 y 99 de cada cien registros de Aguascalientes corresponden a faltas administrativas, no a delitos. Es decir, se trata de conductas como generar escándalo o ruido, consumir alcohol en lugares públicos y otras infracciones atendidas por la justicia cívica.

Lo excepcional en Aguascalientes no es únicamente esa composición, que también se observa en otras entidades, sino el volumen. En nuestro estado, la tasa estatal supera entre 4.6 y cinco veces la del segundo lugar nacional. Se trata, en efecto, de una diferencia demasiado amplia para interpretarla, sin más, como evidencia de mayor delincuencia.

Lo que el dato realmente describe es, principalmente, la intensidad con la que las instituciones detectan, procesan y registran conductas adolescentes. Un sistema que registra más puede producir cifras mayores sin que eso signifique necesariamente que su población delinque más.

La distinción importa porque de ella depende el diagnóstico. Si el indicador refleja sobre todo actividad administrativa, no puede utilizarse de manera automática para justificar un endurecimiento de las sanciones penales.

Conviene contrastarlo, además, con una medida menos dependiente de las prácticas de registro: el homicidio adolescente. Durante los últimos ocho años, Aguascalientes se ha mantenido entre las entidades con las tasas más bajas del país. No se trata de un descenso aislado, sino de un patrón sostenido.

Esto no significa que en el estado no existan delitos graves cometidos por adolescentes. Existen y requieren respuestas institucionales adecuadas. Pero el conjunto de los datos no respalda la idea de una entidad atravesada por una violencia juvenil excepcional.

Algo semejante ocurre con el internamiento. Al comparar las tasas de internamiento con las de homicidio adolescente a escala nacional, Aguascalientes aparece sistemáticamente por encima de lo esperado en los cuatro años con información comparable. En otras palabras: mientras el uso del internamiento juvenil disminuye en el país, en el estado aumenta.

El análisis no permite determinar si cada decisión individual fue correcta ni explicar por sí solo las causas de esa diferencia. Sí permite cuestionar la idea de que Aguascalientes se caracteriza por una respuesta especialmente indulgente. Los datos describen, más bien, un sistema que procesa e interna con una intensidad elevada en relación con su nivel de violencia letal adolescente.

Por eso, el debate no debería comenzar con una demanda automática de mayor castigo, sino con preguntas más precisas: ¿qué conductas originan las puestas a disposición?, ¿cuántas corresponden a personas distintas y cuántas a registros repetidos?, ¿qué criterios conducen al internamiento?, ¿qué alternativas se utilizan y con qué resultados?

La política pública necesita distinguir entre los casos particularmente graves y el patrón general. Los primeros exigen atención, pero no necesariamente describen el comportamiento del conjunto. Diseñar una política a partir de los expedientes más extremos puede producir respuestas desproporcionadas frente a la realidad que muestran las series completas.

Hay, además, otro hallazgo que merece mayor atención pública. Durante el mismo periodo, la tasa de suicidio entre las adolescentes de Aguascalientes creció a un ritmo estimado cercano al 20 por ciento anual, la pendiente más pronunciada del país en la serie analizada.

Los números absolutos son pequeños y deben interpretarse con cautela, pero la tendencia es suficientemente persistente para justificar una respuesta seria de salud pública. 

Así, mientras discutimos cómo castigar más severamente a los adolescentes —principalmente varones—, perdemos la capacidad para comprender las condiciones que atraviesan las adolescentes mujeres, justo cuando aparece una tendencia preocupante.

El contraste ayuda a ordenar las prioridades. Disponemos de información detallada sobre faltas administrativas, pero cada vez de menos herramientas para observar experiencias de violencia, vulneración de derechos y acceso a la ayuda.

No se trata de negar los problemas de seguridad ni de restar importancia al trabajo de las instituciones. Se trata de precisar qué mide cada cifra y qué conclusiones permite sostener.

Insisto: el primer lugar de Aguascalientes en EPACOL no demuestra, por sí mismo, que sus adolescentes sean más violentos ni que el sistema de justicia sea demasiado flexible. Muestra un volumen excepcional de registro y procesamiento que requiere explicación.

Antes de pedir penas más severas, convendría mirar el conjunto de la evidencia. Los datos sugieren que Aguascalientes registra mucho, procesa mucho e interna más de lo que su nivel de violencia letal permitiría anticipar. También sugieren que existen otros problemas adolescentes, menos visibles, que necesitan mayor atención.

Leer bien la estadística no resuelve el problema, pero permite formular mejor las preguntas. Y en política pública, ése suele ser el primer paso para no equivocarse en la respuesta.

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