Aprobación del Plan B

Los próximos, días, semanas y meses, México estará enfrentando uno de los momentos decisorios más importantes en la vida institucional del país, todo hace suponer que la semana que entra se aprobará a nivel legislativo el famoso “Plan B” de la reforma electoral. Recordemos que este plan es una salida institucional de la administración de López Obrador, para evadir la inconstitucionalidad que derivaba de la propuesta del “Plan A”, es decir, el plan era inconstitucional y por eso se opta por un “Plan B”. Esto nos va a situar, nuevamente, en tener muy claro cuál es el papel de la Suprema Corte de Justicia, a la hora de la definición del marco normativo que rige la vida de los mexicanos.

Tenemos varios ejemplos importantes, en donde jueces Federales y la Suprema Corte de Justicia han venido poniéndole un alto al presidente de la República en sus pretensiones, por ejemplo, lo vimos con respecto a los científicos que fueron acusados de desfalco del CONACYT, o a los propios investigadores de las universidades privadas en el Sistema Nacional de Investigadores, donde los jueces federales otorgaron amparos en favor de estas personas, pero también lo hemos visto, por ejemplo, recientemente esta misma semana con respecto a la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional, en una reserva territorial en la municipalidad de Xochimilco, en la Ciudad de México, donde también el juez consideró que deberían parar y proteger los derechos de los ciudadanos frente a la arbitrariedad de la colocación de ese cuartel de la Guardia Nacional. Lo hemos visto también en diferentes amparos que se han otorgado con respecto a las obras del Tren Maya, en todos estos ámbitos, el presidente de la República ha mostrado su inconformidad, siempre considera él que sus pretensiones son las que deberían protegerse y no la de los ciudadanos y los derechos en general.

Tenemos también, otros precedentes, ya en su momento la Corte analizó la constitucionalidad de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, en ambos casos, las ministras y los ministros de la Corte, tuvieron que hacer frente a un fenómeno tan paradójico como recurrente durante el sexenio, el análisis de las leyes secundarias aprobadas por la administración de López Obrador, con la instrucción de no mover ni una coma, que son contrarias a las reformas constitucionales, aprobadas también por el propio régimen, es decir, se proponen leyes secundarias que son inconstitucionales con respecto a las propuestas hechas por la propia administración del presidente López Obrador, lo que muestra una gran incongruencia jurídica en el elaborar este orden normativo que debe regir a todos los mexicanos.

¿Por qué es importante este tema? Porque decía yo, próximamente, seguramente la semana que entra, estaremos viendo la aprobación de este “Plan B”, recordemos, son leyes secundarias que en algunos casos van a ser contrarias a los postulados de la Constitución, y tendríamos que esperar entonces, que la Corte ahora con esta nueva impresión que nos ha dado de una corte menos sumisa, de una corte más independiente, de una corte con criterio propio, que no se deja amedrentar por el poder, pues podríamos esperar que la Corte sí señale y sostenga las inconstitucionalidades de esta legislación reglamentaria.

Ahí está también el tema de la inscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que sigue siendo un tema pendiente de resolver, están también las propias inconstitucionalidades de la dos leyes anteriores aprobadas que permiten a los servidores públicos a hacer campaña, etcétera, y todo esto cobra especial relevancia a la luz de la movilización del próximo día 26 de febrero, ¿por qué digo yo que cobras relevancia? Porque en esa movilización no solamente se respaldará el INE, si no, se le mostrará a la Corte que tiene un respaldo ciudadano en la toma de decisiones independientes con respecto a estos temas.

Ojalá la Suprema Corte de Justicia sepa estar a la altura que demandan los ciudadanos mexicanos, y propicia realmente el respeto a la ley, el orden social y no se agache o se vea como una institución sumisa a los deseos del titular del Ejecutivo.

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Jorge Manuel Aguirre
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