Armas en el Congreso

México es un país donde la memoria histórica es prácticamente nula, no solamente para el ciudadano de a pie, sino también, para aquellos quienes ejercen el poder. Y es que precisamente esta semana tuvo lugar un evento sin precedentes (aparentemente) en el Congreso de la Unión.

El día primero de febrero tal y como la mandata la Constitución tuvo lugar la Sesión General de Congreso en el Palacio Legislativo de San Lázaro, lo anterior debido al inicio del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente a este nuevo año 2023. Lo que a simple vista, ya sea por tradición o por civilidad política, se trata en estricto sentido de un evento protocolario que tiene lugar dos veces al año.

Sin embargo el pasado miércoles la tranquilidad y la civilidad esperada por parte de los legisladores brilló por su ausencia, y es que tal como lo mandata el protocolo en un evento republicano de tal importancia, deben tener lugar los correspondientes honores a la bandera y por supuesto la entonación del himno nacional mexicano.

El quid del asunto es que Santiago Creel Miranda en su calidad de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados no permitió el acceso al salón de sesiones a una escolta de militares debido a que estos iban armados. Cierto es que el reglamento de la Cámara de Diputados establece claramente que nadie puede entrar armado al salón de sesiones, por lo que independientemente de cualquier argumento, el texto legal no deja lugar a dudas.

Aunque por supuesto que las dos fracciones en las que se configura el poder legislativo, es decir Morena y la oposición, tomaron este hecho como pretexto para generar más división y por supuesto más odio, algo que en México ya hemos tenido suficiente.

Al principio utilicé la palabra aparentemente debido a que el asunto de las armas dentro del salón de sesiones no es la primera vez que sale a relucir y que es precisamente curioso el que sean ahora los miembros del partido gobernante quienes a finales del año 2006 aprovecharon este mandato de ley para poderse atrincherar en el recinto legislativo para intentar impedir que Felipe Calderón tomara protesta constitucional como presidente de la república.

Y es que hace 16 años el equipo de transición del ahora expresidente Calderón junto con el Estado Mayor Presidencial tenían que encontrar la manera de salvaguardar al presidente electo así como el orden dentro de San Lázaro para poder llevar a cabo la sesión de investidura presidencial. Y precisamente el problema principal radicaba en que la guardia presidencial no podía entrar armada al Congreso.

Por lo que no dejar de parecer irónico que quienes ahora se rasgan las vestiduras por el actuar del presidente de la Cámara de Diputaos respecto a las armas dentro del salón de sesiones, fueron quienes sacaron provecho de dicha situación el primero de diciembre de 2006 para intentar impedir la transición gubernamental y generar un vacío de poder constitucional.

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