Autonomía

La autonomía es un rasgo que caracteriza a las autoridades encargadas de las elecciones en México. Durante la discusión de la próxima reforma electoral, Pablo Gómez, quien fuera designado por la Presidencia para coordinar la elaboración de su iniciativa, cuestionó que el término se use para definir al Instituto Nacional Electoral (INE) pues, consideró, no se trata de un ente que se gobierne a sí mismo.

La palabra en cuestión proviene del griego autós -uno mismo- y nómos -ley- y se traduce como la capacidad de tomar decisiones propias; no obstante, el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral juzgó inadecuado llamar órganos constitucionalmente autónomos a aquellos independientes de los tres poderes tradicionales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Para las autoridades electorales la autonomía no es una calificación caprichosa, sino una respuesta histórica a la desconfianza ciudadana en torno a los procesos electorales, durante siete décadas controlados por un gobierno que organizaba y validaba comicios que permitieron a un partido único establecer un régimen ininterrumpido. Fue a principios de los años noventa cuando la fundación del IFE permitió separar el poder político de la organización de las elecciones y así avanzar hacia un país más democrático.

Lo que inició como un órgano ciudadano evolucionó a una autoridad especializada en proteger el voto como expresión auténtica de la soberanía popular; con un funcionariado profesional, reglas de integración y sí: autonomía técnica, financiera y de gestión. Esto último significa que el INE y los institutos locales no son superiores, pero tampoco siguen órdenes de los poderes, sino que mantienen una relación de colaboración con ellos.

Más allá de las etimologías, la palabra es importante, pues de ella depende la relación del órgano electoral con el gobierno, su presupuesto y las reglas que posibilitan la legitimidad democrática de las autoridades.

La función electoral se encuentra en manos de órganos autónomos porque la historia demostró que dejar la organización de las elecciones a la clase política conduce, tarde o temprano, a la concentración del poder. La autonomía es incómoda porque impone límites, con la existencia de instituciones que no responden -o no deberían responder- a una lógica de poder inmediato, sino a reglas constitucionales y procedimientos técnicos. Por ello, defender a las autoridades electorales como órganos autónomos es, en última instancia, defender el derecho de la ciudadanía a elecciones libres, auténticas e imparciales. 

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