Cuauhtémoc Blanco: Cuando la ética se ausenta del Congreso

En México, el fuero constitucional no ha sido sinónimo de protección del cargo, sino de privilegio personal. El caso de Cuauhtémoc Blanco, diputado federal por Morena, acusado por su media hermana de intento de violación, exhibe con crudeza cómo el sistema político sigue prefiriendo blindar a los suyos antes que permitir que la justicia actúe.

El 25 de marzo, la Cámara de Diputados rechazó retirarle el fuero a Blanco, lo cual impide que la Fiscalía del estado de Morelos continúe el proceso penal en su contra. La decisión, aunque revestida de legalidad, no es una muestra de respeto al debido proceso, sino una claudicación ética por parte de un poder que se resiste a ponerse del lado correcto de la historia.

En este caso, se invocó la presunción de inocencia, principio fundamental del derecho penal y derecho humano consagrado en los tratados internacionales. Nadie en su sano juicio podría oponerse a ese principio. Pero es una falacia usarlo como excusa para impedir el desafuero. Porque lo que se debatía en el Congreso no era la culpabilidad de Blanco, sino si podía o no ser procesado penalmente como cualquier ciudadano.

Y es aquí donde la ética entra en juego.

El fuero constitucional no es un derecho humano. Es una figura jurídica que busca proteger la función pública, no a la persona. Su origen responde a contextos donde los legisladores podían ser perseguidos por sus ideas. Pero en el México actual, el fuero se ha convertido, en demasiadas ocasiones, en un mecanismo de impunidad institucionalizada, especialmente cuando se trata de proteger a políticos acusados de delitos graves y ajenos a su función legislativa.

En este caso, una mujer —una familiar directa del legislador— tuvo el valor de presentar una denuncia penal por tentativa de violación. La denuncia no nació de una disputa política, ni de una campaña mediática. Se presentó por los cauces legales correspondientes, acompañada de una carpeta de investigación. Lo mínimo que se esperaba era que el Congreso permitiera que las autoridades judiciales hicieran su trabajo.

Pero no. Lo que vimos fue otra cosa. Lo que vimos fue un Congreso que optó por protegerse a sí mismo. Que utilizó tecnicismos para desestimar el caso. Que priorizó el cálculo político sobre el derecho de una mujer a que su denuncia sea escuchada por un juez. Que decidió tratar una acusación de violencia sexual como un "pleito familiar" o una "maniobra del fiscal", trivializando lo que representa para miles de mujeres que denuncian agresiones sexuales y son sistemáticamente desoídas.

Más aún: el voto de Cuauhtémoc Blanco se contabilizó en el pleno. Votó en su propio caso. No se excusó. Nadie lo exigió. Nadie lo detuvo. Y aun así, se pretende que esto se lea como una defensa de la legalidad.

Lo que se perdió ese día no fue solo una oportunidad de permitir que la justicia actúe. Se perdió la congruencia ética de un poder legislativo que dice combatir la violencia contra las mujeres, pero actúa con omisión cuando uno de los suyos es señalado. Porque la congruencia no se prueba con discursos, sino con votos. Y en este caso, la mayoría eligió proteger el escaño, no la justicia.

La presunción de inocencia seguirá intacta para Cuauhtémoc Blanco. Nadie lo ha condenado. Nadie lo ha juzgado. Lo único que se pidió fue permitir el proceso. Lo que se negó fue la posibilidad de la verdad.

Hoy, lo sensato, lo digno, lo justo, era dejar que la justicia hiciera su trabajo. Lo que ocurrió fue todo lo contrario. Y cada diputada y diputado que votó para mantener el fuero de Blanco tendrá que sostener esa decisión —no solo frente a su partido o sus electores—, sino frente a todas las mujeres que han sido silenciadas por un sistema que sigue actuando como si proteger al poder fuera más importante que escuchar a las víctimas.

La ética no es un accesorio del poder. Es su columna vertebral. Y el Congreso, en este caso, actuó sin ella.

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión.