De que la perra es brava….

La iniciativa de reforma electoral que envió Claudia Sheinbaum es uno más de los despropósitos que México ha visto en los años que lleva Morena pero además muestra que ninguna de las partes está en sus cabales. El gobierno quiere una reforma que nadie pidió para consolidar su dictadura y quienes se oponen lo hacen porque no quieren perder el dinero de la política.

Dicho esto ¿cuáles son los incentivos que podrían mover a los partidos aliados de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde, que son una clara expresión de la delincuencia organizada, para votar en un sentido u otro esa iniciativa? Si es a favor sería porque eventualmente se hicieran cambios y ajustes al texto con lo cual podrán preservar financiamiento público (que en 2025 fue de 700 millones de pesos para el PT y de 866 mdp para el Verde), posiciones legislativas y otras ganancias, o bien porque sientan el aliento de la FGR, SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la embajada americana detrás de la nuca porque a algunos de sus dirigentes más visibles los están persiguiendo.

Si optan por rechazarla, será porque el incentivo reside en preservar el patrimonio mayúsculo que sus líderes han acumulado y el acceso a los negocios con que se han enriquecido por décadas a través de alianzas nada santas, votos obscenos y traiciones políticas.

Por ejemplo, el PT ha “manejado” por años guarderías en varias partes del país. En Nuevo León, donde surgieron en 1990, tienen 13 establecimientos a nombre del “Frente Popular Tierra y Libertad” que, bajo la extraña figura de ser “instituciones de la Secretaría de Educación” del estado con “sostenimiento federal transferido” (el cual representa unos 300 millones anuales), dicho partido controla mediante un intrincado mecanismo presupuestal. O sea, son estancias públicas pagadas con dinero público que el PT maneja como negocio privado de manera libérrima.

A lo anterior se suman invasiones ilegales de tierra en situación irregular, sin servicios ni títulos de propiedad, que opera el PT en estados como Durango, Zacatecas y Aguascalientes a los que moviliza a gente muy pobre, en las condiciones más miserables, bajo la promesa de que allí tendrán casa, como es el caso de la colonia Che Guevara en Aguascalientes. Acto seguido presionan a las autoridades estatales para ir regularizando las invasiones.

De todo lo anterior surgió, en octubre de 2017, una orden de captura de un juez federal en contra de la esposa del jefe mayor del PT, Alberto Anaya, y del dirigente en Aguascalientes, Héctor Quiroz, por presunto lavado de dinero; en este último caso, fue como presunto responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 100 millones de pesos entre 2012 y 2017, que fueron desviados a cuentas particulares cuando su destino era teóricamente para las guarderías.

Casualmente, tras su victoria en 2018, Obrador intervino para que la PGR retirara la imputación y los cargos por “falta de elementos”.  Las cosas como son.

Por su parte, es mucho más escandaloso el caso del Verde. Según información pública, “una parte significativa del financiamiento que maneja ha ido a la compra de artículos concentrados en pocas empresas, las cuales recibieron cientos de millones de pesos en contratos entre 2019 y 2023.

En la misma línea presuntamente han realizado negocios inmobiliarios, turísticos y de otro tipo en Quintana Roo, que llevaron a la caída del secretario general del Verde en ese estado, donde la UIF le bloqueó sus cuentas así como las de 79 personas físicas y morales más por “blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas”.

En síntesis, ambos partidos se enfrentan a una complicadísima disyuntiva que no es, evidentemente, de carácter ético o moral ni nada parecido. Sino más bien en cómo seguir acumulando tanto dinero, le guste o no a sus cómplices de Morena. O sea, de que la perra es brava hasta los de casa muerde.

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