Derecho y poder

Hay dos conceptos fundamentales de la dinámica social en la que vivimos: el derecho y el poder son dos caras que corresponden al águila o sol, una sociedad bien ordenada necesita tanto del derecho como del poder, donde el derecho es impotente, la sociedad corre el riesgo de caer en la anarquía, y donde el poder no está controlado corre el riesgo del despotismo.

El modelo real del encuentro entre el derecho y el poder del Estado democrático, esto es, el estado en el cual a través de las leyes fundamentales, no existe poder del más alto al más bajo que no esté sujeto a las normas que no esté regulado por el derecho y en el cual, al mismo tiempo, la legitimidad del entero sistema de normas en la que se deriva en última instancia el consenso colectivo de los ciudadanos. Y eso es precisamente lo que no se puede perder en esto que se ha llamado el “Plan B” para desbrozar el sistema electoral mexicano.

Sobre todo, en un estado democrático la filosofía jurídica y la filosofía política deben establecer entre sí fecundas relaciones de colaboración, dando origen a esa actuación política que debe desenvolverse en todos los niveles, pero dentro de los límites de las normas establecidas, normas que pueden ser continuamente sometidas a revisión a través de una actuación política, promovidas por los más diversos centros de formación de opinión pública, sean grupos de presión, asociaciones, movimientos libres, de reforma o de resistencia, la propia estructura de los poderes del Estado, lo importante es que nos demos cuenta que la norma necesita el poder para ser efectivo, y el poder de hecho necesita la obediencia continuada al mando y a las reglas, que de él se deriven para poder ser legítimo.

El poder sólo es legítimo cuando también es efectivo, recordemos a Max Weber, pero también como lo expresa Kelsen: “Sólo el poder legítimo es efectivo”.

El poder y legitimidad corren uno atrás del otro, en medio de la llamada reforma electoral del Plan B o la reforma legal es precisamente en donde se debe tener cuidado de que sea discutida ampliamente, pareciera ser que la Cámara Revisora tendrá ya solamente que ponerlo en funcionamiento a partir del próximo mes de febrero y dejarle toda la carga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperemos coherencia, esperemos prudencia y una enorme lucidez política.

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