Desapariciones: el Estado ante la prueba de la verdad

Hay una pregunta que, a mi juicio, debería orientar la discusión sobre las desapariciones en México: ¿qué pasa después de que una autoridad informa que encontró una fosa o localizó a una persona?

Esta semana, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas reiteró que existen indicios bien fundados de desapariciones forzadas cometidas como crímenes de lesa humanidad en distintos lugares y momentos del país. Pero conviene precisar algo: no encontró indicios de una política federal deliberada para cometerlas. No es una sentencia judicial. Es una advertencia seria que abre la puerta a mayor cooperación internacional.

El gobierno mexicano, por su parte, afirmó ante la ONU que las desapariciones actuales son perpetradas principalmente por grupos criminales y, en algunos casos, por autoridades municipales. También reportó más de dieciséis mil personas localizadas mediante acciones recientes de búsqueda. Son resultados que deben reconocerse y, sobre todo, verificarse: cuántas personas fueron halladas con vida, cuántas sin vida y qué ocurrió con las investigaciones.

Y aquí aparece otro dato importante. La Plataforma Ciudadana de Fosas, integrada por Artículo 19, Data Cívica y la Ibero, documentó para 2025 seiscientas cincuenta y una fosas a partir de fiscalías estatales; treinta y dos en los registros de la Fiscalía General de la República, y cuatrocientas treinta y tres a partir de notas periodísticas. No son cifras directamente comparables ni prueban que una autoridad esté ocultando información. Pero sí muestran que seguimos sin un registro público, homologado y suficientemente completo para evaluar qué ocurre con esos hallazgos.

Según esa misma documentación, en Aguascalientes se reportaron veintisiete cuerpos recuperados durante 2025. Y es aquí donde conviene diferenciar: recuperar un cuerpo no significa identificarlo; identificarlo no significa esclarecer el delito; y esclarecerlo no significa, necesariamente, que se haya hecho justicia.

Desde la sociología, el problema también es organizacional. Fiscalías, comisiones de búsqueda, servicios forenses y autoridades políticas producen información con propósitos y procedimientos distintos. Cuando no se coordinan, se dificulta la continuidad entre la denuncia, la búsqueda, la identificación y la investigación penal. Y con frecuencia son las familias quienes deben reunir datos, presionar y salir a buscar.

No estoy diciendo que el problema sea únicamente de estadísticas. Está, desde luego, la violencia criminal, están los posibles vínculos con agentes del Estado y está la impunidad. Precisamente por eso necesitamos instituciones capaces de producir conocimiento confiable y convertirlo en decisiones.

Al final, el derecho a la verdad no se satisface con cifras en una conferencia de prensa. Se cumple cuando una familia sabe dónde está su ser querido, qué le sucedió y quién debe responder.

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