Diálogo político

El domingo pasado, conmemoramos el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conviene recordar que ese documento es producto de un diálogo, de un diálogo que tuvo la capacidad de terminar con los antagonismos, de poner fin a la lucha armada y de expresar la voluntad de todos los mexicanos de someterse al estado de derecho. En términos generales, podríamos decir que ese diálogo constructivo, que tuvo como propósito la promulgación de la Constitución, tuvo, también, la virtud de terminar con el estallido de violencia que se dio en la Revolución Mexicana.

Sin duda, el diálogo forma parte consustancial de lo que nosotros conocemos como el sistema democrático, ya que permite la comunicación, expresa el conocimiento de los asuntos públicos, permite su comprensión, genera la empatía de diversas fuerzas políticas, y al final, produce los acuerdos políticos necesarios para seguir avanzando en esos procesos democráticos. Pero también, no debemos olvidar, que ese diálogo es una forma de articulación dinámica, de estas fuerzas que están en movimiento, entre las mayorías y las minorías, ya que el proceso de toma de decisiones de todos los factores políticos, tienen la capacidad, en ese proceso, de expresar sus puntos de vista para ser tomados en cuenta, de este modo, el diálogo norma las relaciones entre los actores políticos, pero también, debe formar las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía.

En un Estado de derecho democrático, los ciudadanos tienen garantías, de que se vinculan directamente con el diálogo, como la libertad de conciencia, de expresión, de reunión, de asociación, el derecho de petición, etcétera, que son básicamente derechos que han surgido para promover precisamente el diálogo en las instituciones, así mismo, la democracia cuenta con instituciones y espacios propios para permitir el diálogo, como es el Congreso, como son las campañas electorales, como son la actuación de los partidos políticos, etcétera, etcétera. El diálogo es, pues, un medio para alcanzar y canalizar racionalmente la pluralidad política y también una forma de producir decisiones políticamente significativas y condensadas.

La falta de diálogo conduce a la imposición y al autoritarismo, al no permitir que otros actores políticos puedan pronunciarse sobre ciertos objetivos o ciertas ideas o programas que deben conducirse en una determinada democracia. Esos actores políticos, claro que pueden permitir soluciones alternas a los problemas que surgen de la realidad cotidiana en un país como México, cuando desde el Ejecutivo Federal, se dice que “A mis iniciativas no deben movérseles ni una coma” o que se obliga a los jueces a actuar en un determinado sentido, privilegiando la visión política unilateral de un solo actor, en este mecanismo político, se renuncia al diálogo.

Me parece que eso es lo que está sucediendo con respecto a las posibles reformas al Instituto Nacional Electoral, hay una imposición en la que el Ejecutivo Federal pretende ahora con su “Plan B”, que no se le mueva ninguna coma y que solamente prevalezca su propia visión de lo que debe ser la estructura y funcionamiento de este órgano fundamental para la democracia en México. Por ello, creo que es válido que la sociedad civil se esté organizando para convocar a una marcha, a una nueva marcha, el próximo 26 de febrero, para poner las bases de defensa de la actuación del INE en el sistema democrático nacional, con algunos lemas como “Mi voto no se toca” o “El INE no se toca”, la sociedad pretende llamar a los actores políticos al diálogo, a que se produzca realmente un intercambio de ideas, que presenten argumentos válidos y que pueda fortalecerse el funcionamiento del órgano electoral, que finalmente es el árbitro que todos necesitamos para seguir avanzando en la estructura democrática de nuestro país. Ojalá los ciudadanos sepamos ejidatar la fuerza ciudadana, la movilización ciudadana, en defensa de las verdaderas estructuras democráticas del México moderno.

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