El costo del abstencionismo

Según estimaciones del INE, la jornada electoral del próximo primero de junio tendrá una participación de entre 8 y 15%, lo que encarecería el voto de manera exponencial. Votar cuesta, pero no votar cuesta más.

La abstención electoral tiene un impacto económico significativo, ya que el costo del voto per cápita se eleva entre menor sea la participación en elecciones. Esto es así porque el presupuesto electoral considera a la población habilitada para votar en su totalidad, de modo que cada persona ciudadana que decide no ejercer este derecho provoca un aumento del costo relativo por sufragio. 

Por ejemplo: Si nuestro país invierte alrededor de siete mil millones de pesos para que casi cien millones de votantes potenciales puedan elegir a personas ministras, magistradas y juezas, el costo por voto emitido sería de 70 pesos, en números redondos. En un escenario en que la participación sea de 8%, el gasto por voto emitido se dispararía a 875 pesos, provenientes del dinero de nuestros impuestos. 

La democracia no tiene precio, pero sí un costo de funcionamiento (Griner y Zovatto, 2004), en referencia a las actividades que hacen posible que cada persona ciudadana pueda expresar su voluntad en una jornada electiva. El presupuesto asignado a la impresión de boletas, instalación de casillas, sistemas tecnológicos, contratación de personal, entre otras, se calcula con base en las cifras de la lista nominal del electorado, por lo que una elevada abstención conlleva un uso menos eficiente de los recursos públicos destinados a los comicios. 

No obstante, una baja participación electoral no afectará los resultados de la elección debido al funcionamiento de nuestro sistema democrático donde la candidatura que obtenga mayor número de sufragios ganará la contienda por mayoría simple. Sin embargo, este comportamiento podría comprometer la paz social, la estabilidad política y la confianza en las instituciones.

Existen diversas razones por las cuales la ciudadanía se aleje de las urnas en la elección judicial, como no entender el funcionamiento del sistema de justicia, no creer que éste tenga un impacto directo sobre su vida, las dificultades asociadas al voto o la desconfianza en el proceso. 

En países como Bélgica, Australia y Argentina, el voto es obligatorio, con lo que se consiguen altas tasas de participación. En México, donde elegir autoridades es un acto voluntario, los programas de educación cívica y promoción del voto serán fundamentales. De lo contrario, no habrá política de austeridad que mejore la eficiencia del gasto en ese rubro.

En una nación criticada por albergar una de las democracias más costosas del mundo, la apatía electoral provoca el desperdicio de recursos públicos. El voto es un derecho y, por ende, un componente esencial de política pública y, desde un enfoque costo-beneficio, la participación ciudadana resulta fundamental para la renovación pacífica y ordenada de los cargos del Poder Judicial y para la gestión del erario. El abstencionismo nos sale caro. 

Fuentes de consulta

Griner, S. y Zovatto D. (2004) “El desafío del financiamiento político en América Latina”.

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión.