Elecciones judiciales: challenge accepted

Todo indica que –por primera vez– México tendrá elecciones judiciales en 2025, un año después de las presidenciales. El pasado 23 de septiembre, se dio banderazo al Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, la aceptación del reto de renovar por medio del voto a las personas responsables de impartir justicia en el ámbito federal. 

Las elecciones exigen meses de trabajo en los que es necesario agotar las etapas previstas en la ley: registro de candidaturas, celebración de campañas, jornada electoral, escrutinio y cómputo de votos, así como declaración de resultados, en ese orden. Gran parte de las tareas recaerá en el Instituto Nacional Electoral (INE) como autoridad responsable de organizar elecciones en el país, quien deberá cumplir con el mandato constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, con motivo de la reforma al Poder Judicial. 

Hacia la recta final de las elecciones más grandes de la historia en todo el país, los institutos electorales locales ahora se preparan para coordinar lo propio en los 32 estados, una vez armonicen sus respectivas legislaciones en los plazos que marca el Decreto. Ejecutar la reforma judicial será un desafío al Sistema Nacional de Elecciones, el cual pondrá a prueba al diseño institucional vigente desde hace una década, a raíz de la reforma político-electoral de 2014. 

El domingo primero de junio del próximo año, si las cosas siguen su curso, la ciudadanía será convocada a expresar, en las urnas, los perfiles de su preferencia para ocupar cerca de 800 cargos, entre los que se encuentran nueve ministraturas de la Suprema Corte, 17 magistraturas electorales, cinco magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y cientos de personas juzgadoras de circuito y distrito. El principal desafío consiste en llevar a cabo la planeación de un proceso de esta magnitud a contrarreloj, sin leyes secundarias y entre órdenes de suspensión por notificar. Es urgente que la incertidumbre política, legal y presupuestal se disipe, para poder definir aspectos elementales como la cifra de boletas a imprimir, el número de centros de votación a instalarse y la cantidad de personas a reunir como funcionarias de mesa directiva de casilla. Así como organizar debates, presentar a las candidaturas, verificar la paridad de género, fiscalizar campañas, abrir expedientes de impugnación, entre otras tareas que involucran a más instituciones.

El Senado de la República tiene hasta el 16 de octubre para publicar la convocatoria para la lista de candidaturas postuladas por cada uno de los tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–. Pese al escenario, existen autoridades lo suficientemente sólidas, con experiencia, capacidad técnica y servicio profesional calificado para afrontar la transmisión pacífica y ordenada del Poder Judicial, garantizar derechos, salvaguardar la estabilidad política y mantener la confianza ciudadana hacia los procesos democráticos. Con más de 30 años de experiencia en un modelo de elecciones basado en la desconfianza hacia la clase política. 

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