Estado de Derecho

Como era de esperarse, en un momento de destrucción institucional y debilitamiento democrático como el que prevalece hoy en el país, el nuevo índice global de Estado de Derecho 2022, un ejercicio que refleja las aportaciones de más de 150.000 personas y 3.600 especialistas en todo el mundo para evaluar el Estado de Derecho a través de ocho factores, México cayó a la posición 115 entre 140 países analizados, el peor resultado en los últimos cuatro años.

Este año, los datos muestran que el respeto y el cumplimiento al Estado de Derecho cayó en 6 de cada 10 países encuestados, incluido, por supuesto, México, esto quiere decir que en lugar de avanzar, el país y sus estados han empeorado en materia de orden y seguridad, en el sistema de justicia civil, en el debilitamiento de los contrapesos no gubernamentales como la prensa y la sociedad, y en el combate a la corrupción.

El reporte también destaca que algo ha mejorado en el aspecto de gobierno abierto, es decir, acceso a la información pública en la normalidad de los cambios de gobierno, en la integridad de los procesos electorales.

Si bien es cierto que cada vez contamos con más informes de este tipo, su relevancia no reside en saber cómo andamos, sino en cómo podemos evitar el deterioro previamente y no solo a nivel nacional, sino en cada uno de los estados, al menos por dos grandes razones: una es que todo país y todo Estado que aspira a ser desarrollado, exige un sistema democrático y un sistema de pesos y contrapesos que funcionen, es decir, instituciones que funcionen. La otra es que tener un verdadero Estado de Derecho y una rama judicial independiente, eficaz y de alta calidad, son requisitos obligados para la economía, el crecimiento y la competitividad.

El informe destaca, por otra parte, que hay problemas de lentitud, acceso, discriminación y corrupción en los sistemas de impartición de justicia civil, como también en materia de justicia penal, ya sea porque se presentan influencias indebidas, porque no hay garantías suficientes para el debido proceso, porque las investigaciones son deficientes o porque de plano hay una enorme corrupción.

En este sentido los poderes del Estado; el Ejecutivo, el Legislativo y por supuesto, el poder Judicial, harían muy bien en esmerarse en evaluar cómo estamos realmente en materia de procuración e impartición de justicia, porque no podremos ser un estado realmente competitivo si no se atienden los problemas oportunamente, y este reporte, es un llamado de atención en esa dirección.

En el índice de progreso social 2015-2020, por ejemplo, casi 26% de los ciudadanos de Aguascalientes perciben que hay corrupción en las instituciones que imparten justicia, y el Estado ocupa un lugar número 14 a nivel nacional en este indicador, una posición que no es mala pero si mediocre.

Si bien el poder Judicial de Aguascalientes sigue estando relativamente bien calificado, tiene ante sí, desafíos de profesionalismo, de celeridad, transparencia y ética, para mejorar, y pronto se verá si con la designación de nuevos jueces y magistrados sigue la línea de la independencia y consolidación, o se allanan los intereses y complicidades en turno, es decir, el poder Judicial tiene que ser más justicia que poder.

Desde luego, no basta con ello, para tener un verdadero Estado de Derecho necesitamos una nueva ética, gobiernos más profesionales, honestos y eficientes, y sobre todo requerimos desterrar de la mentalidad y de la conducta ciudadana la costumbre tan arraigada de percibir la ley y la justicia de manera utilitaria, prebendaria y clientelar.

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