Idiotas modernos

El resultado electoral de la pasada jornada en la que se votó por la renovación del poder ejecutivo federal y de las cámaras de diputados y senadores, derivó en que poco más de treinta millones de ciudadanos le otorgaran al partido en el poder una facultad enorme para impactar en la realidad política y constitucional del país.

Esta facultad está cifrada en las mayorías legislativas que le permiten al partido en el poder el impulsar iniciativas de ley que pueden cambiar la constitución del país sin siquiera consensar o negociar con ninguna otra fuerza política. Es decir, el partido ganador tiene la posibilidad de imponer su poderío por, al menos, los tres años que dura la legislatura en la cámara baja, mientras no haya contrapesos.

Y es justo el tema de eliminar los contrapesos del poder lo que buscan las iniciativas que ha anunciado el todavía presidente. El paquete legislativo conocido como “Plan C” implica -entre otras cosas- la reforma al Poder Judicial, con la desaparición del actual colegio de magistrados y la modificación del proceso electivo de las magistraturas para que sea mediante campañas públicas y voto electoral, como los cargos uninominales.

Otro de los aspectos del llamado Plan C es la sumisión, el control, o la eliminación de los Órganos Autónomos que existen para fiscalizar y dar contrapeso al poder. Órganos como el Instituto Nacional de acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión de Regulación Energética, el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrían desaparecer o modificarse para servir al poder y no para regularlo.

A partir de septiembre, se comenzará a operar el Plan C. Entonces, será el punto de inflexión en el que la nueva administración del ejecutivo muestre si es sólo una extensión del actual gobierno, o si usará ese enorme poder no para blindar a su clase política, sino para salvaguardar la institucionalidad del Estado democrático, republicano, y civil.

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