Intento de destruir al INE

A estas alturas parece más que evidente que desde hace cuatro años México está viviendo un claro proceso de destrucción institucional y de debilitamiento democrático que configuran un tránsito hacia una autocracia, el cual consiste, ni más ni menos, en la pérdida de todas las libertades y de derechos como los que mal que bien tenemos en México.

En ese horizonte, la intentona de destruir al Instituto Nacional Electoral, el INE, y por ende de destruir el mecanismo con que cada quien elige a quien quiere, mediante procesos abiertos, independientes e imparciales, es, quizá, el paso más grave en las últimas cuatro décadas.

Se trata de un asunto muy técnico que debemos tratar de entender de manera didáctica para que valoremos sus implicaciones. Para empezar, la primera mala idea es quitarle al INE la integración del padrón electoral, que es el instrumento, la lista donde todos aparecemos como votantes y nos permite participar, lo cual generaría incertidumbre respecto a quién sería el responsable de conformarlo y es muy posible que se produzca un uso clientelar o político de la lista de electores de parte del gobierno en turno.

El segundo problema más grave todavía, es eliminar al INE y socavar la autonomía y el profesionalismo de las autoridades electorales, mediante el recurso, el viejo recurso, de nombrar a los consejeros y magistrados electorales con una consulta politizada que se ha manipulado por el gobierno y donde lleva todas las de ganar, como ya pasó en la cancelación del aeropuerto y con otras decisiones erróneas, esto quiere decir que, en lugar de que el INE lo formen expertos imparciales profesionales e independientes, ahora serían políticos y activistas afiliados al partido gobernante.

La tercera cuestión es que modifica en radicalmente el sistema de representación, porque la propuesta elimina los legisladores de mayoría relativa, es decir, aquellos que van al distrito donde usted vive y le tocan la puerta de su casa para pedirle la moto cara a cara, y lo sustituye con puros de representación proporcional con base en listas estatales, es decir, personas que son impuestas por las dirigencias y las burocracias de los partidos y ya no por el ciudadano, en otras palabras, esto supone destruir el vínculo que hay entre legislador y el elector, y, por tanto, la manera de exigirles directamente que nos representen de forma adecuada.

El cuarto tema delicado es que se asfixia a los partidos al no proporcionarles financiamiento público en los años no electorales, es verdad que se pueden hacer ajustes y se puede tener mayor moderación, cosa que por cierto ya ocurre, aunque se piense lo contrario, pero al ahogarlos se corre el riesgo muy serio de que los financie, por ejemplo, la delincuencia organizada, como ya ha sucedido en otros países como Colombia y en algunos estados mexicanos, lo cual les resta su papel como formadores de opinión y de nuevos liderazgos sociales, así como de contrapesos al poder de los gobiernos.

Estos son solo algunos ejemplos de por qué es tan mala la iniciativa de propuesta, pero su principal trampa, es que es una movida burda para destruir al órgano electoral y por ese camino impedir elecciones libres, cancelar el derecho de los ciudadanos a elegir directamente a sus representantes populares y por esa vía perpetuarse en el poder.

Todo esto, dicho lisa y llanamente, destruye buena parte de lo construido en materia electoral, que ha permitido la convivencia y la competencia política, y eso se llama destrucción democrática, como ha pasado o está pasando, en otros países como Venezuela, como Nicaragua o como Cuba.

Quien decide quién gobierna son los ciudadanos votando y es un derecho que sin duda hay que conservar intacto.

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