La iniciativa de reforma al Poder Judicial y sus implicaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado que presentará a inicios del próximo mes de febrero su reforma al Poder Judicial.

En esta se insiste que jueces y magistrados sean elegidos por el voto de los ciudadanos y que quienes aspiren a estos cargos deberán de cubrir ciertos requisitos y perfiles.

La iniciativa no excluye la posibilidad de que los actuales jueces, magistrados y ministros puedan participar en el proceso, pues la finalidad de esta elección es que la ciudadanía los conozcan y puedan elegir.

Sobre esta iniciativa hay muchos cuestionamientos y dudas, por ejemplo, si las elecciones serán nacionales o regionales, si se tendrán que hacer campañas proselitistas, o bien, si el número de aspirantes es suficiente o excesivo.

En el discurso, el presidente ha calificado a algunos de los ministros de la Suprema Corte como conservadores y que responden a intereses de grupo, pero ¿quién apoyaría a los candidatos a ocupar puestos en el Poder Judicial durante su campaña?

Naturalmente, los partidos políticos serían los que cuenten con la infraestructura territorial y recursos económicos para poder hacerlo, lo cual tendría como resultado jueces, magistrados y ministros “de partido” y no saldríamos de lo mismo.

Si los recursos para las campañas son otorgados por el INE, se encarecerían los costos de los procesos democráticos en el país, pero si no lo hace y no hay supervisión sobre la procedencia de estos, se podrían inmiscuir recursos ilícitos y tener como resultado un sistema judicial a modo de la delincuencia organizada.

Si bien es cierto que el sistema judicial requiere modificaciones para ser expedito y justo con las víctimas, esto no se logrará con la propuesta del presidente.

Lo que se requiere es un análisis serio y colectivo por las universidades especialistas, los centros de investigación y el colegio de abogados para adecuar el marco de actuación de este poder y evitar la subordinación y obediencia al palacio nacional.

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