La normalización de la corrupción

Para nadie es un secreto que la corrupción se ha vuelto sistemática y endémica en México. Se practica tanto en el sector privado como en los tres niveles de gobierno. Se ha extendido a numerosas actividades donde participan notarios, factureros, empresarios, abogados, fiscalistas, casinos y palenques, artistas o lavadores de dinero; hay de todo y para todos.

Y se ha diversificado tanto que hoy se encuentra en casi cualquier zona de la vida cotidiana de ciudadanos que tienen que interactuar ya sea con funcionarios o con otros particulares que también se han integrado al circuito de la corrupción, hasta un nivel en donde la sociedad normaliza que exista corrupción. 

El problema es grave porque cuando eso ocurre, los corruptos se ven incentivados a serlo de manera mucho más intensa y se crea un círculo vicioso interminable.

El Índice de Transparencia Internacional 2025, que monitorea la corrupción en 182 países ubicó a México en el lugar número 141 y el reporte destaca que los altos niveles de impunidad, la captura del poder judicial por parte de los gobiernos y la infiltración del crimen organizado en todos lados, son algunas de sus principales causas.

Los estados no cantan mal las rancheras. En el más reciente índice de competitividad del IMCO, presentado el mes pasado, en Aguascalientes casi el 74% de las personas considera que las prácticas corruptas son frecuentes o muy frecuentes en el estado, y de acuerdo con un estudio de KPMG éstas se manifiestan en los tres niveles de gobierno. Por su parte, la encuesta del INEGI que mide el problema indicó que en opinión de la gente donde más corrupción se percibe además de los gobiernos, es en los partidos políticos, las policías, la fiscalía estatal, los empresarios y los jueces, en este orden.

Según el INEGI la corrupción creció en Aguascalientes entre 2023 y 2025. Los eventos corruptos por cada 100 mil habitantes pasaron de 18 mil 678 a casi 21 mil 400, un incremento de 15%. Y las víctimas por cada 100 mil habitantes subieron de casi 12 mil a 13 mil 500, un alza de 13%. Esto significa que el costo de la corrupción en trámites en el estado llega a los 300 millones de pesos anuales.

Y son 5 o 6 las grandes fuentes de la corrupción. Primero las policías; segundo los trámites municipales o estatales para obtener permisos o licencias en materia de desarrollo urbano, de funcionamiento de giros comerciales, de pago de multas. Tercero en el otorgamiento discrecional de contratos de adquisiciones de bienes y servicios diversos, de obra pública o de asociaciones público-privadas donde las empresas de todo tamaño reportan una alta incidencia de sobornos y mordidas, los clásicos moches. Cuarto, en hacer malas inversión del dinero de los contribuyentes, que es dinero público en ocurrencias o en proyectos de nula rentabilidad económica o social. Y finalmente, en los procesos judiciales y ministeriales, los juicios y las gestiones en juzgados locales o federales, sobre todo después de las reformas judiciales que facilitaron el secuestro de la administración de justicia.

Como dije al principio, normalizar todo esto es suicida porque va en contra de los ciudadanos, de sus familias o de sus hijos, porque cada peso que se roban, peso que ya no se invertirá en salud o educación así que hágase un favor: no se quede callado y denuncie la corrupción donde quiera y donde pueda.

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