La pesadilla del séptimo año
A partir de enero del año 2023, faltará un poco más de 20 meses para que el gobierno de López Obrador concluya.
De manera irremediable llegará la hora del balance, y de una forma u otra, la pesadilla del séptimo año, de la que casi ningún gobernante suele liberarse, y a juzgar por las condiciones reales en las que se encuentra el país, quien quiera que llegue recibirá un regalo envenenado, déjenme dar algunos ejemplos:
El primero de ellos es que, en términos económicos, para el país, las familias y las personas será un sexenio perdido, como la economía no creció en 2019 ni en 2020, las pálidas recuperaciones de este año y el pasado, no alcanzarán, y lo más probable es que el sexenio mantenga el mediocre crecimiento histórico de 2%, muy lejos de la promesa presidencial de que el país crecería al 6% anual, lógicamente, el ingreso per cápita caerá y con ello aumentarán los niveles de pobreza porque no habrá dinero ni para las pensiones.
Las razones son bastante conocidas, el gobierno federal muestra un pésimo desempeño en la asignación y calidad del gasto que hace, y ha cometido errores muy graves en materia de inversión que van desde la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que supuso, literalmente, tirar a la basura 332,000 millones de pesos, es decir, 11 veces el presupuesto público anual de Aguascalientes, y la incertidumbre en el sector energético, hasta la decisión de construir elefantes blancos sin una debida planeación y justificación; como una refinería, un tren turístico, y desde luego, una instalación aeroportuaria, que hasta ahora, parece ser un completo fracaso.
Lo anterior se explica, en parte, en segundo lugar por el desastre educativo ocurrido en estos años, que anticipa una verdadera catástrofe en la formación de los niños, en sus ingresos futuros y en su trayectoria personal, profesional y laboral. Decir que en este sentido, México podría tener una y quizá dos generaciones perdidas no es una exageración, sino simplemente una descripción.
Por consecuencia, este conjunto de factores, entre otros, explica que la desigualdad, la exclusión y la pobreza entre grupos socioeconómicos, estados y regiones, tenderá a profundizarse, y esta será la herencia más importante que recibirá el gobierno federal, sea quien sea, por ejemplo, según el índice de progreso social, en 2018, el puntaje nacional del progreso social se estimó en casi 65 puntos sobre 100, y ese año fue el mejor desempeño del país del que se tiene registro a nivel nacional, pero a partir del 2019, la tendencia positiva se revirtió, entre otras cosas, por la desaparición del Seguro Popular, por la distorsión en los programas sociales a partir de su regresividad y de los criterios electorales con que se aplican o el desorden técnico en los padrones de beneficiarios y el progreso social de México por consecuencia bajó, de suerte que las ganancias de los años previos, se vieron borradas de un plumazo y volvimos a los niveles del 2015, y finalmente como no hay dinero, los estados no recibirán un peso adicional de recursos federales, por lo que no estarán en condiciones de ejecutar obras importantes, cualquiera que se tome la molestia de revisar el presupuesto federal de Egresos para el año 2023, verá, por ejemplo, que para Aguascalientes, solo cubre los gastos obligatorios, es decir, las participaciones, las aportaciones y los salarios de maestros y del sector salud y nada más.
Las promesas que la Federación haya hecho a cambio de arreglos políticos, se quedarán en eso, en promesas, de ser así, el gobierno que inicia en 2024 se verá obligado a recoger los escombros, limpiar la casa e intentar mejorar pálidamente lo que se pueda, y México habrá perdido, quizá, para siempre, la oportunidad de convertirse en un país, medianamente desarrollado.
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