La pregunta obligada, ¿en qué quedó el plan B de la reforma electoral?

La reforma original buscaba rediseñar el sistema electoral mexicano desde sus cimientos, representación, financiamiento, estructura del árbitro del Instituto Nacional Electoral y reglas del Congreso.

El plan B, en cambio, es una versión reducida que renuncia a los cambios estructurales y se concentra en recortes, austeridad y ajustes de orden administrativo. Esto tiene impactos relevantes, desafortunadamente, para municipios y congresos locales.

Pero ya no es una reforma electoral porque no transforma el sistema electoral federal. La revocación de mandato no cambió. Ese fue el punto más polémico, y terminó siendo eliminado del dictamen.

El Senado retiró todas las modificaciones al artículo 35 constitucional por lo que la revocación de mandato se mantiene exactamente como está programada para el año 2028. La reserva para eliminar esos cambios fue presentada por una senadora del Partido del Trabajo, Liz Sánchez.

La Cámara de Diputados recibió el documento sin cambios en este pleno. ¿Cuál es el resultado? El plan B no toca la revocación de mandato y ese componente electoral prácticamente queda desaparecido. 

Segundo, la austeridad y recortes, el verdadero núcleo del plan B fue ese. Aquí es donde la reforma sí avanzó con fuerza, recortes y límites salariales. Ningún consejero, magistrado o funcionario podrá ganar más que la presidencia.

El jefe del ejecutivo federal, y aquí me pregunto como ciudadano que nuestro país no tiene un mandato constitucional de una integración de poderes ejecutivo, legislativo y judicial y ninguno está subordinado al otro. ¿Por qué esa figura de no ganar más que el presidente o que la presidencia?

Si la presidencia es una de los poderes, es el poder ejecutivo del Estado. Me parece una incoherencia de alto talante.

Se eliminaron las prestaciones como bonos, seguros de gastos médicos mayores y algunos otros privilegios que desde hace 7 años vienen refiriéndole a los sectores que tienen organizada el famoso capítulo Hay una reducción de estructuras locales.

En el caso de los ayuntamientos entre siete y 15 regidorías máximo, según la población de cada municipio y en los congresos estatales hay un tope presupuestal del 0,7 % del gasto estatal.

En el Senado la reducción progresiva del presupuesto hasta un 15% en cuatro ejercicios fiscales. La reforma va del ejecutivo hacia la el estrangulamiento de ayuntamientos, de congresos y del Congreso de la Unión.

En cuanto a los organismos electorales hay un recorte al Instituto Nacional Electoral y a los OPLES con límites estrictos de gasto. El plan B se convirtió en una reforma de austeridad institucional más que electoral con una falacia.

El gasto del Instituto Nacional Electoral son tres milésimas del tres milésimas de cada peso. Tres milésimas de centavos de cada peso es lo que cuesta la administración del procedimiento electoral en este país. No es cierto. No es cierto, más bien es un es es un pronunciamiento de orden retórico.

Este proyecto también hace cambios en el sistema político local. Hay una reconfiguración de ayuntamientos, menos regidores y una sola sindicatura. Ajustes a los artículos 115, 116 y 134 en materia de gasto y estructura. La pregunta, ¿qué sigue?

La minuta de la Cámara de Diputados como cámara revisora, si se aprueba sin cambios, pasará a los congresos estatales y se requiere la aprobación de al menos 17 congresos locales para convertirse en reforma constitucional por mandato del constituyente permanente. Muy bien. El plan B terminó siendo muy poco electoral y muy administrativo.

Lo que queda en un paquete de austeridad, recortes, límites salariales y una reconfiguración de ayuntamientos y congreso, mientras que la parte más sensible, la revocación de mandato, fue completamente retirada. 

Como dijo el filósofo michoacano Juan Gabriel, "Pero qué necesidad."

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