La reconfiguración del crimen organizado en la era Trump-Sheinbaum

La narrativa sobre los cárteles está cambiando. El cártel de Sinaloa, que durante años dominó el tráfico de drogas en México, está demostrando signos de ruptura. Las capturas de capos durante el sexenio pasado y el actual, la expulsión de 29 cabecillas hacia estados unidos, las disputas internas y la presión militar de los últimos meses ha debilitado estructuras criminales, y ha acelerado la transición hacia organizaciones más pequeñas, descentralizadas y volátiles.

 
Sin duda alguna, en el corto y mediano plazo más que una desaparición, observaremos un proceso de reconfiguración donde el crimen organizado muta y se adapta. Y es en este contexto donde juega un papel preponderante un nuevo actor con intenciones cada vez más agresivas: Estados Unidos. 

Hasta ahora, algunos cárteles y organizaciones tenían un cierto grado de control territorial y unidad interna. Sin embargo, la fragmentación ha generado un efecto inverso. La lucha por territorios y plazas ha derivado en disputas internas y escisiones violentas, como la que enfrenta a “Los Chapitos” con la facción de “El Mayo” Zambada en Sinaloa o el CJNG y La Barredora en Tabasco -que en 2024 dejó un saldo de 894 víctimas mortales.

Sin la estructura de un cártel, muchas células han optado por la extorsión, el secuestro, el robo de combustibles y la trata de personas, delitos que impactan directamente a la población civil. más aún, si antes un operativo contra un líder debilitaba significativamente a un cártel, hoy la descentralización hace que el crimen persista incluso si se captura a líderes clave. 

Desde la Casa Blanca se ha intensificado la retórica de que México no está haciendo lo suficiente contra el narcotráfico. La clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales ha abierto la puerta para un mayor intervencionismo de EE.UU. en México y en nuestros intereses en aquel país. 

¿Pero qué es lo que pueda ocurrir?

Una de las posibilidades es la ejecución de operativos de precisión, como los realizados contra terroristas en Medio Oriente. Esto podría incluir el uso de drones de vigilancia y ataque sobre zonas de producción de fentanilo en Sinaloa o Jalisco. No podemos descartar la presencia de misiones de fuerzas especiales para capturar o eliminar líderes criminales o incluso bombardeos a laboratorios clandestinos, similares a las operaciones contra instalaciones de ISIS en Siria e Irak.

Estas acciones podrían justificarse bajo la premisa de defender la seguridad nacional de EE.UU. y serían difíciles de detectar, dado que la tecnología militar actual permite intervenciones quirúrgicas sin despliegues masivos.

 
Por otra parte, EE.UU. ya ha sancionado a empresas y empresarios mexicanos vinculados al narcotráfico, pero podría aumentar la presión con sanciones directas a funcionarios que considere “colaboradores del crimen”. Esto incluiría la restricción de visas y congelamiento de activos a políticos y empresarios mexicanos, sanciones comerciales a ciertas industrias en estados como Sinaloa, Jalisco y Michoacán, bloqueo de cuentas bancarias y restricciones a empresas con nexos sospechosos. 

El escenario mas extremo sería un despliegue militar abierto, algo que históricamente México ha rechazado. No obstante, la posibilidad de que una operación encubierta de EE.UU termine en un conflicto diplomático grave no puede descartarse. Si una incursión no autorizada resultara en enfrentamientos con fuerzas de seguridad mexicanas, la narrativa cambiaría drásticamente y podríamos estar ante una crisis internacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en su rechazo a la intervención extranjera, pero también ha mostrado mayor disposición a la cooperación que su antecesor. Su administración tiene un margen de maniobra limitado. Si se endurece demasiado contra EE.UU. podría enfrentar represalias económicas y diplomáticas más severas. Si cede demasiado, perdería legitimidad política y se abriría la puerta a más intromisión. Si no toma acciones contundentes, EE.UU. podría justificar intervenciones más agresivas. 

El reto de la presidenta será equilibrar la cooperación con EE.UU. sin comprometer la soberanía nacional. Para ello, será crucial fortalecer las capacidades de inteligencia, mejorar la relación con agencias estadounidenses y, sobre todo, tomar la iniciativa en la narrativa de seguridad para evitar que EE.UU imponga su propia agenda.

 
La fragmentación y reconfiguración del crimen organizado no significará menos violencia ni mayor control del Estado.

Por el contrario, ha abierto la puerta a una crisis de gobernabilidad que EE.UU. podría aprovechar para justificar acciones unilaterales. La pregunta no es si lo cárteles desaparecerán. La pregunta es si México está preparado para manejar las consecuencias de su fragmentación y las políticas cada vez más impositivas e injerencistas de EE.UU. 
La soberanía mexicana está en juego, y en el ajedrez geopolítico, el margen de error es cada vez más estrecho.

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión.