Municipio 12: ¿ocurrencia o riesgo?

El pasado fin de semana se produjeron dos hechos violentos, uno de ellos con perfiles de terrorismo, en los límites entre Aguascalientes y Zacatecas, y según las autoridades del estado vecino fueron obra de delincuentes aguascalentenses. Hasta allí sería por supuesto muy lamentable, pero ha abierto la caja de Pandora para que muchos se pregunten qué es exactamente lo que está pasando en esa zona, a la que ahora se suma la sospechosa creación de un nuevo municipio. Vamos a ver.

La ocurrencia de crear un nuevo municipio es en sí misma totalmente irrelevante; será un fracaso en toda regla y a nadie le va a importar, excepto a quienes presionaron para montar allí un protectorado para actividades eventualmente delictivas y a quienes lo permitieron.

Una hipótesis es que efectivamente sus promotores piensen que con eso se ayuda a que Villa Juárez tenga mejores condiciones de vida. Una segunda es que las autoridades municipales de Asientos y los legisladores cómplices que resultaron un cero a la izquierda, quieran hacer algún negocio inmobiliario o lavar dinero o lucrar con reservas de tierra en una zona donde lo único que hay son lagartijas y coyotes. Y una tercera hipótesis, la más probable y muy grave, es que se trata de un nuevo municipio desde el cual pueda operar la delincuencia organizada bajo protección: tendría un alcalde propio, policía propia, acceso semanal a información de seguridad, contacto con todas las policías, “halcones” encargados de llevar y traer información en zonas dominadas por el crimen organizado, entre otras facilidades logísticas.

Según distintas organizaciones se estima que de los 2 mil 478 municipios que hay en México, en mil 198 hay, por lo menos, una célula delictiva. Varios de ellos, por ejemplo en los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, están íntegramente bajo dominio de la delincuencia; mandan allí porque son suyos, de hecho o legalmente.

Aguascalientes ya ha tenido experiencias más cercanas: en julio del año pasado, militares y policías federales (y parece que con la colaboración de la DEA) desmantelaron en Pabellón de Hidalgo un campamento donde incautaron a 18 personas, armas, equipo táctico, chalecos, vehículos y drogas. Las preguntas son obvias: ¿cuántos meses llevaban ya allí? ¿ninguna autoridad o policía municipal de esa delegación municipal o de Rincón de Romos se dio cuenta? ¿Cómo le hacían los integrantes del campamento para actuar, comer, dormir, moverse libremente? ¿Nadie vio nada, nadie dijo nada? Esos hechos, ahora tenderán a volverse más frecuentes, aprovechando las ventajas de tener un protectorado municipal propio.

Dicho de otra forma: la delincuencia organizada está mutando hacia lo que Guillermo Valdés Castellanos, un antiguo director del CISEN, llama “gobernanza criminal”. En otras palabras, una cosa es darle órdenes de todo tipo a las autoridades municipales, y otra es, de plano, suplantarlas, lo que eventualmente es más sencillo de hacer en territorios pequeños.

Ese es quizá el riesgo mayor de sacarse de la manga un nuevo municipio. Sencillamente no hay ninguna justificación ni racionalidad en esa ocurrencia, salvo para dar unas pocas chambas, meter la mano al cajón presupuestal y prestar otros “servicios” posiblemente delictivos. Y el que paga, manda.
En suma ¿nadie se dio cuenta de esta probable realidad?

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