Nicaragua y la abolición de las elecciones

El debate en torno al establecimiento de límites al voto ha pasado de ser una tendencia en redes sociales a volverse una alta probabilidad para Nicaragua. 

Pese a que las elecciones son el mecanismo para renovar autoridades con mayor consenso en el mundo contemporáneo, el pasado 19 de julio el presidente Daniel Ortega expresó que es preferible suprimir las elecciones a que la oposición vuelva a hacerse del gobierno y, durante la celebración de la caída de la dictadura, anunció que no se permitirán procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.

Mientras en sectores de Estados Unidos y México han resurgido propuestas para restringir el acceso a derechos políticos, para que solo sean otorgados a padres de familia o personas con educación, en el país centroamericano el parlamento emprendió la elaboración de reformas constitucionales en materia electoral, posiblemente encaminadas a abolir los comicios presidenciales. 

El origen de las narrativas antidemocráticas no es el mismo, pero comprueba que los extremos se tocan: mientras en el norte del continente se atribuyen a la ultraderecha, en Nicaragua estas emanan de un régimen izquierdista, paradójicamente, bajo la justificación de prevenir el ascenso de partidos de derecha.  Aunque parten de ideologías opuestas, tienen por común denominador la creencia de que la voluntad ciudadana no es lo suficientemente apta para elegir quien debe ejercer el poder público. 

Las elecciones en Nicaragua debieron celebrarse este año, pero una reforma las aplazó a 2027. Si bien la noticia provocó escozor en la comunidad internacional, en los hechos, Ortega gobierna desde 2007 y desde entonces se mantiene en el cargo tras sucesivos procesos electorales, compartiendo la copresidencia con su esposa, Rosario Murillo, desde 2025. 

La advertencia es clara: cuando podría pensarse que se trata de un escenario improbable en nuestro país, la idea ya inoculada en la discusión pública, podría ser abanderada por políticos e incluso trasladada al ámbito legislativo para reabrir debates que creímos históricamente saldados.  Ningún derecho, ni siquiera aquellos considerados fundamentales como el derecho a votar, deben darse por sentados. Por ello, el sufragio universal exige una defensa permanente. 

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