Primus inter pares

El Instituto Nacional Electoral (INE), árbitro de los procesos democráticos en México, es un órgano cuyas decisiones no recaen sobre un mando único, como pasa en otras áreas de la función pública; estas son tomadas por once personas, de entre las cuales una preside bajo el principio de primus inter pares -o el primero entre iguales- dentro de un Consejo General. 

En teoría, la autoridad sobre las elecciones se ejerce en colegio: es decir, en conjunto. En la práctica, esta colegialidad se ha debilitado y, esta semana, con la ola de acontecimientos que azotó a la institución, emergieron lo que son posiblemente las consecuencias de este debilitamiento.

Es importante hablar de esto, pues el diseño constitucional del INE es resultado de la transición democrática mexicana: una etapa en la historia política en que los comicios fueron arrebatados al control gubernamental. Hasta hace no mucho, la organización de votaciones dependía por completo de la Secretaría de Gobernación. Mientras la autoridad electoral estuvo subordinada al gobierno, un solo partido ganó cada contienda. Fue hasta 1996 cuando la oposición logró desvincular al entonces Instituto Federal Electoral del Poder Ejecutivo, estableciéndose que el arbitraje debía distribuirse en una autoridad ciudadana y pluripersonal. Dicha composición permanece vigente hasta nuestros días, con el fin de proteger al órgano de presiones externas del gobierno o los partidos. 

En 2014, su integración pasó de ocho a once, bajo la lógica de que con este número de votos, cooptar o presionar a un sola consejería no basta para alterar una determinación, ya que gran parte de estas exigen mayorías construidas mediante argumentos. Sin embargo, una reforma legislativa aprobada en octubre de 2024 modificó esta forma de trabajar. Los cambios a los artículos 45 y 48 de la Ley Electoral permitieron a la Presidencia designar a direcciones ejecutivas y titulares de unidades técnicas en forma unilateral, cuando antes estos nombramientos requerían, al menos, ocho votos del Consejo General.

Se ha conocido, a través de los medios de comunicación, que dicho "superpoder" se convirtió en un obstáculo para que el resto de las consejerías electorales supervisaran a las áreas administrativas del INE. Lo que pudiera parecer un asunto de carácter meramente interno, es realmente un problema público, pues el ente responsable de salvaguardar la democracia en nuestro país, no podría conducirse bajo condiciones más bien autocráticas. 

Las elecciones en los estados deben ser también un trabajo en equipo. Cada organismo público local cuenta con un Consejo General en su respectiva entidad federativa, cuyos miembros y presidencia -primus inter pares- deliberan y toman decisiones en forma colegiada. Aquí, corresponde al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes que, por cierto, acaba de cumplir 26 años organizando la vida democrática de nuestro estado. Para que siga siendo así, es fundamental vigilar que la situación que estalló a la autoridad federal, con resultados por demás conocidos, no se repliquen a escala local.

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