Reformas electorales antes del Mundial

Tres iniciativas de reforma electoral saltaron a la cancha del Congreso Federal momentos antes del silbatazo. Su análisis, discusión y aprobación debe ocurrir a principios de junio –antes de que inicie el Mundial de Fútbol– si se pretende estrenar su aplicación en las elecciones de 2027. Los proyectos legislativos a discutir en el periodo extraordinario, que inicia el próximo martes, pretenden corregir la reforma judicial, blindar campañas contra el crimen organizado y anular elecciones por intervención extranjera. 

Me centro en la tercera propuesta que pretende añadir una nueva causal de nulidad de elecciones por injerencia de otros países, a través de un nuevo inciso a la base VI del artículo 41 constitucional. Anular una elección significa que los tribunales cancelan una votación porque las reglas del juego se rompieron de forma tal que sus resultados ya no son confiables. Las consecuencias de esta tarjeta roja electoral son drásticas: todo el proceso se borra, se debe organizar una elección extraordinaria desde cero y la candidatura infractora queda expulsada de la nueva contienda.

Esto se actualiza mediante causales específicas: cuando se acredita el rebase de topes de campaña en un 5% o más, la compra ilegal de tiempo en radio y televisión, o el uso de recursos públicos o ilícitos; o bien, a través de causales genéricas, que sancionan violaciones plenamente probadas, como la intervención sistemática de gobiernos. El fundamento de esta medida se encuentra en la Constitución y se detalla en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los artículos 75 al 78 bis.

Pues bien, ahora se busca que la intromisión externa –a través de financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación o presiones diplomáticas– se considere una razón para nulificar comicios, pues esta aprovecha vacíos normativos y mecanismos indirectos de influencia, lo que hace necesario fortalecer el marco constitucional para proteger la autenticidad del voto y la libre determinación de la ciudadanía mexicana, según lo plasmado en el dictamen.

La discusión ha comenzado a calentarse, ya que los partidos de oposición advierten que dicha figura es ambigua y podría prestarse a interpretaciones discrecionales, pues consideran que no están bien delimitados sus alcances. 

Es cierto que el actual tablero geopolítico tiene a las grandes potencias observando de cerca el desempeño de las otras democracias, posiblemente para influir dentro o fuera de la cancha si así conviene a sus intereses. Sin embargo, en un contexto donde la influencia internacional no siempre llega de manera frontal, sino mediante tácticas silenciosas, cualquier intento por regular este fenómeno exige definiciones claras y, sobre todo, amplios consensos democráticos.

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