Regatear en elecciones

La presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que presentará una propuesta de reforma electoral con la que pretende disminuir los recursos públicos destinados a elecciones. La crítica al coste de la democracia es lugar común en la narrativa del actual partido en el gobierno, en la lógica de que esos recursos deberían ser orientados a programas sociales.

Aunque no se conoce con exactitud el contenido de la iniciativa, la desaparición de los cargos plurinominales, los recortes al financiamiento público a partidos políticos y el papel de las autoridades electorales han sido planteamientos discutidos en anteriores Legislaturas para abaratar el sistema democrático, entre otros fines.

Los actos encaminados a la transmisión pacífica y ordenada del poder público no son un gasto menor, pero es necesario comprender por qué cuestan lo que cuestan. El andamiaje legal que da soporte y sustento a las elecciones ha sido articulado en torno a la desconfianza a partir de demandas sociales que empujaron al país de un régimen de partido hegemónico a una democracia competitiva.

Desde 1977 la primera gran reforma en la materia, introdujo el principio de representación proporcional que permitió el acceso de fuerzas políticas distintas al PRI al Congreso de la Unión, lo que marcó el inicio de una transición gradual hacia un sistema plural. Durante las décadas de 1980 y 1990, los cambios legales se orientaron a generar condiciones equitativas de competencia. En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) como organismo autónomo encargado de organizar los comicios federales,  en respuesta a voces opositoras que reclamaban imparcialidad en las elecciones; en 1996, se consolidó su autonomía al ciudadanizar el Consejo General. La reforma de 2007 introdujo nuevas reglas en el uso de los medios de comunicación, prohibió la contratación directa de publicidad política y creó tiempos del Estado para los partidos, con la finalidad de garantizar equidad. En 2014, otra reforma significativa transformó al IFE en el Instituto Nacional Electoral (INE), con facultades para intervenir en elecciones locales, buscando homogenizar estándares y fortalecer la fiscalización.

En México la historia de las reformas electorales refleja un largo proceso de apertura democrática y fortalecimiento institucional que han logrado que las elecciones se celebren en procesos minuciosamente regulados, que por supuesto tienen una repercusión económica en el erario. Recortar el gasto a las elecciones inevitablemente impactará en alguno de los aspectos que hoy hacen de los cambios de gobierno, procesos estables, ordenados y confiables.

Eso no significa que no sea necesario optimizar recursos y corregir desperfectos identificados en las últimas votaciones pues como sostuvo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal los ajustes a la legislación tras un proceso electoral conforman un ejercicio habitual; sin embargo, estos deben obedecer a evaluaciones técnicas y no al regateo a aspectos que podrían dañar la calidad de nuestra democracia.

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