Regreso al viejo régimen
La evolución histórica del modelo electoral mexicano ha transitado desde el régimen de partido hegemónico, cuando el ejecutivo organizaba las elecciones en las que ganaba el partido del ejecutivo; hasta la embrionaria democracia de la era de la alternancia partidista, en la que las elecciones se organizan ya no por el ejecutivo, sino por órganos autónomos ciudadanos.
El paso de un régimen a otro tuvo que ver, decididamente, con las reformas legales de la operación electoral, con la forma de contender en elecciones, y con la manera en la que los votos se traducen en escaños legislativos y en cargos ejecutivos para el ejercicio del poder político formal. Este paso no fue gradual, sino escalonado en un proceso que nos llevó alrededor de veinte años.
Una de las reformas que abrió la puerta al cambio de régimen, del de partido hegemónico al de la alternancia partidista, fue la reforma que posibilitó el sistema de representación proporcional, en 1977. Este sistema se creó para disminuir la hegemonía legislativa del partido dominante de esa época, y así promover el pluralismo partidista. Esto implicó reducir el número de escaños legislativos del partido dominante, para darle espacios a las minorías electorales, proporcionales al porcentaje de votantes que representan.
Por eso, el sistema se llama “de representación proporcional”, también conocido como “de escaños plurinominales” porque, con esos votos, las y los electores no eligen a una persona, a un nombre, sino que esos votos van para un acumulado porcentual que representa a una lista de nombres mediante el cual se asignan escaños proporcionalmente a los votos obtenidos. Así, el partido que gana, no gana todo; y el partido que pierde, no pierde todo, con el fin de asegurar la representación de las minorías y evitar la hegemonía de una sola fuerza política.
Sin embargo, ahora corremos el riesgo de regresar al régimen de hace cuarenta años, con la propuesta de reforma electoral que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum, basado en tres temas: reducir el presupuesto del INE, recortar el financiamiento público de los partidos, y eliminar el sistema de representación proporcional. Esto derivaría en una sobre representación legislativa del partido dominante, y una falta de representación de las minorías que no están aliadas al ejecutivo, anulando la pluralidad.
Esto implica el riesgo de que las leyes (sobre todo las leyes electorales, de división de poderes, y de contrapesos políticos) terminen acomodándose a conveniencia de un solo partido. Sí, como en el México del viejo régimen.
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