Remunicipalización del agua

Remunicipalización es una palabra difícil de pronunciar y más aún de implementar si de gobiernos municipales insensibles a la problemática de la población se trata. Definida como la transferencia de la prestación de un servicio de empresas privadas a autoridades municipales, la remunicipalización del servicio del agua es una creciente tendencia que demuestra la eficacia del sector público en cualquier parte del mundo.
 
Incluso el Banco Mundial ha hecho un llamado a “repensar” las políticas privatizadoras al reconocer, entre otras cosas, los efectos nocivos de un modelo de prestación de servicios con fines eminentemente lucrativos.

Enfrentamos en el mundo una crisis hídrica sobre todo en zonas urbanas densamente pobladas como el municipio de Aguascalientes, dicha crisis recientemente se manifestó en Monterrey, Nuevo León, la zona fue advertida del riesgo desde hace treinta años se le sugirió invertir en infraestructura hídrica y regular el crecimiento ordenado de la ciudad, se hizo caso omiso y el futuro los alcanzó.
 
Después de 3 décadas, estamos ante la oportunidad de revertir en Aguascalientes las políticas neoliberales que tratan el agua como una mercancía y no como un derecho humano, el acceso al agua es indispensable para acceder a la realización de otros derechos, y no basta que haya sido reconocido por la ONU, en 2010, como un derecho fundamental, hay que actuar en consecuencia para que el agua sea suficiente, saludable, aceptable y asequible a toda la población, hay que combatir la pobreza y zanjar la brecha de desigualdad económica, hay que invertir en infraestructura hídrica, rehabilitar la red de distribución, perforar nuevos pozos, descansar los que sufren abatimiento pero sobre todo hay que reforzar la cultura del cuidado del agua, ya que su escasez tiene implicaciones de género que afectan principalmente a las mujeres y a los más pobres. Seguir privatizando el servicio del agua desde un consejo directivo plagado de intereses económicos representa una traición al servicio público el cual debe velar por la dignidad y el bienestar de la población.
 
La esperanza de la remunicipalización está en manos del Congreso del Estado, esperemos que prime el parlamento abierto y se convoque a los más amplios sectores de la población para que todas las voces sean escuchadas en el modelo de gestión de agua que requiere en el municipio capital. Dado que en las condiciones actuales y en los términos en que aprobó el Cabildo de Aguascalientes el nuevo Organismo Operador, es una realidad que el agua no es MIAA.

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