¿Remunicipalización o no?

Hay un fenómeno que con el tiempo se ha vuelto recurrente, y es la proliferación de expertos acerca de todo lo divino y lo humano, que buscan en el mundo ideal las soluciones que solo existen en el mundo real, para los enormes problemas de las personas, las ciudades y los países. Tan solo en materia de agua, el buscador Google arroja 49 millones de resultados a la entrada "Expertos en agua en el mundo", y casi 5 millones a la entrada "Expertos en agua de la ONU", o sea que ya hay más expertos que consumidores, de modo que siempre habrá abundancia retórica para todo, pero cuya validez técnica, experiencia y viabilidad, puede distar un abismo y la medicina puede resultar peor que la enfermedad.

El problema de fondo es que en las decisiones concretas de política pública, las cosas son infinitamente más complejas, y más en una materia tan delicada como la gestión de un recurso sustentable del cual depende la vida, dicho de otra forma, ante la decisión que las autoridades municipales, legislativas y estatales, deberán tomar acerca de este servicio en Aguascalientes, la disyuntiva se reduce a dos opciones; la gestión de un bien público mediante una participación privada, eficiente, transparente, sustentable y competitiva, o una gestión municipal ineficiente, burocrática, corrupta e insostenible, estos son los términos del análisis y conviene una explicación detallada.

En la medida en que en el mundo se ha producido una imparable concentración de las actividades secundarias y terciarias en las ciudades, el tamaño y la complejidad de las nuevas demandas sociales y urbanas, han llevado a que en un contexto de limitaciones presupuestales, de un mejor funcionamiento de los mercados y de búsqueda de mayor calidad y transparencia, los gobiernos modernos, eficaces y creativos, tendrán que proporcionar servicios mediante modalidades novedosas, entre las cuales destaca la activa participación del sector privado, por lo tanto, la pregunta clave es cómo abordar estos nuevos desafíos con políticas públicas más efectivas.

La primera condición tiene que ver con una concepción innovadora de la gestión pública, es decir, los modelos propios de burocracias pesadas que ejercen el monopolio de las decisiones públicas y fincas sobre ese poder, sus cacicazgos, ya no responde a las nuevas demandas, porque el objetivo es ahora, organizar recursos de distintas fuentes para producir valor en los servicios que se proveen, y los gobiernos generan ese valor dentro de una red de alianzas o de asociaciones, para satisfacer las necesidades de un ciudadano que a la vez es un consumidor, en este caso un consumidor de agua. El Estado pasa de ser así, en ciertas materias, de proveedor único a ser un facilitador que conecta la iniciativa privada con las necesidades públicas, esta es la razón por la cual surgieron modalidades como las concesiones. Sobre esa base, si los gobiernos entienden claramente los modelos innovadores de participación privada, diseñados para solucionar problemas complicados, podrán lograr prestar buenos servicios públicos, hacer asignaciones adecuadas de riesgo, incluso, en condiciones de incertidumbre, o focalizar mejor dónde requiere intervención privada para atender demandas de infraestructura.

La segunda cuestión tiene que ver no solo con la calidad, la oportunidad, la eficiencia y los presupuestos, si no, teóricamente, también con menor opacidad, buena parte de la corrupción mexicana a diversos niveles, se explica porque las burocracias han tenido históricamente el monopolio de la prestación de algunos servicios públicos y la experiencia internacional sugiere que dicho control, en casos como el agua, las regulaciones de construcción, el uso de suelo, las licencias de funcionamiento, etcétera, lleva inevitablemente a convertir una atribución pública en un feudo privado. Todo ello se traduce en que una mejor prestación de servicios públicos, una mejor supervisión, regulación y control de los sistemas concesionados al sector privado, no se consigue a través de una pretendida remunicipalización, sino a través de un buen cuerpo normativo, con organismos reguladores, técnicamente competentes y estables en el tiempo y con mecanismos robustos de transparencia que provean al público de un servicio óptimo.

Finalmente, la cuestión más importante es que el agua es el principal riesgo de seguridad estatal para Aguascalientes, en el mediano y en el largo plazo, y es crítico gestionarla con el máximo profesionalismo, y aquí hay varias preguntas: ¿están las autoridades municipales en condiciones de garantizar este círculo virtuoso?, ¿tienen las capacidades humanas, financieras, técnicas, tecnológicas e institucionales para ello?, ¿cómo se blindan los componentes de un eventual remunicipalización en un escenario de incertidumbre política y alternancia electoral?

Dicho con claridad, cualquier decisión tendrá costos, sí predomina el criterio técnico y el criterio ambiental, puede suponer costos políticos, sí predomina el criterio político, tendrá costos para la sustentabilidad hídrica de mediano y largo plazo, y, por lo tanto, para la ciudad y para la población.

Entonces, ¿cuál es el criterio responsable y honesto que debe prevalecer pensando en las actuales y en las próximas generaciones? Bueno, pues estas y no otras, son las preguntas correctas para las cuales, Aguascalientes espera respuestas correctas.

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