Seguridad ante la nueva administración

Decía un hábil político mexicano, que la primera responsabilidad de un gobernador es gobernar al gobierno, es decir, mostrar quien tiene el liderazgo y quien encabeza la cadena de mando, y cuando inicia una nueva administración, como es el caso de Aguascalientes, ahora, esta sabiduría se vuelve estratégica porque marca todo lo que venga después, quienes han hecho caso omiso de esta regla nunca han terminado de arrepentirse.

Pues bien, para ciertos temas esa cualidad se vuelve crítica, como es el caso de la seguridad pública, y es el tema más delicado con que arranca un gobierno estatal en estos tiempos.

Pongamos las cosas de una manera didáctica, para tener niveles aceptables de seguridad y tranquilidad, se requieren muchas cosas que van desde la inteligencia, la capacidad y los recursos, hasta una coordinación efectiva, pero el problema es que en este país, esa coordinación acaba por derrumbarse porque nadie, ni alcaldes ni gobernadores ni la Federación, quieren hacerse responsables íntegramente del problema y evaden hacerse cargo, véase, para no ir más lejos, el caso de los gobernadores de Zacatecas, Morelos o Veracruz que para todo efecto práctico ya no existen, conforme se ha ido deteriorando la situación, en los estados hay una multitud de agencias y corporaciones, en Aguascalientes, por ejemplo, operan los soldados, la llamada Guardia Nacional, las policías estatales, las policías municipales, los agentes de las fiscalías Federal y Estatal, las compañías de seguridad y de policías privadas, pero la pregunta es: ¿quién dirige la orquesta?, ¿quién coordina todo ese archipiélago?

Este es un panorama que el nuevo gobierno deberá afrontar y tiene tres opciones: Mostrar liderazgo efectivo, eludir el problema o allanarse a la Federación, por lo pronto la decisión tomada hace unos cuantos días por el Gobierno Federal y por los senadores, de militarizar las calles, va a ser una pesadilla para los gobernadores en varios aspectos.

El primero es la coordinación de todas las agencias de una manera transparente y eficaz, basta ver el terror que se apoderó de algunas ciudades en Jalisco y Guanajuato en agosto pasado, cuando los criminales quemaron tiendas y vehículos, y bloquearon varias carreteras, supuestamente en respuesta a un confuso operativo del Ejército para detener a un delincuente, este es un panorama que se ha vuelto cotidiano y cuya dimensión real no conocemos, puesto que de acuerdo con el INEGI, apenas se denuncia el 10 por ciento de los delitos que se cometen.

La segunda duda es sí las fuerzas armadas son competentes para solucionar el problema, me parece que no es el caso desde luego, y su gran deficiencia es que no están hechas para desempeñar tareas de seguridad pública, no lo saben hacer, no están preparados y su lógica de operación, que es una lógica militar, puede llevar excesos a violaciones de derechos humanos y a la comisión de delitos varios, como ha ocurrido, basta recordar como en 2010, por ejemplo, varios soldados del Ejército asesinaron a Mansalva, a los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, y mintieron afirmando que el crimen había sido en el contexto de un enfrentamiento con el narcotráfico, de los seis militares identificados como involucrados en ese hecho, hasta el momento solo tres están detenidos, y al parecer, sin sentencia, dos permanecían prófugos, y el último, sigue desaparecido. Hubo un séptimo soldado involucrado que fue juzgado por este caso en una corte militar que, naturalmente, fue declarado inocente.

Y el tercer problema, es la corrupción y la impunidad, es difícil saber con exactitud la magnitud de estas incidencias entre las fuerzas armadas, porque se llevan los procesos en la cerrada justicia militar, pero una organización civil reportó que de 2015 a 2020, se denunciaron en México casi 34 mil delitos relacionados con brutalidad policíaca, de los cuales, solo 172 concluyeron en una sentencia condenatoria, más aún, de acuerdo con documentos oficiales divulgados por los famosos hackers Guacamaya en estos días, de 308 efectivos militares investigados entre 2007 y 2021, solo 19 fueron sentenciados, es decir, el índice de presunta impunidad es de más del 99 por ciento para los ilícitos cometidos por parte de policías o de integrantes de las fuerzas armadas.

Pues bien, hechos como este no son aislados, los ejemplos son números y existen serios riesgos de que aumenten.

Frente a esa dura realidad, la nueva gobernadora deberá demostrar autoridad, capacidad y eficacia, que es lo que los ciudadanos esperan y merecen. 

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