Seguridad en Aguascalientes
El tema de la seguridad no es ajeno para nuestro Estado, pues es un factor importante para lograr un desarrollo económico y que este beneficie a la ciudadanía en su conjunto.
A nivel región y considerando que tanto los estados de Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato tienen una prevalencia mayor de índice delictivo, es necesario que Aguascalientes continue con políticas públicas que le permitan contener un posible desplazamiento de la criminalidad.
Para ello, el Presupuesto de Egresos considera para Aguascalientes en el rubro de Seguridad Pública un monto por 239 millones para el ejercicio 2024, prácticamente la misma cantidad asignada para 2023 que fue 228 millones.
En el análisis de datos respecto a seguridad pública y el presupuesto asignado,se identificó que la incidencia delictiva, de acuerdo con la publicación “evaluación del diagnóstico de seguridad en el estado de Aguascalientes” es de 25 mil 379 víctimas por cada 100 mil habitantes a nivel local.
Este indicador puede incluir conductas pertenecientes a los delitos del orden común y federal e inciden directamente en la percepción de la población sobre la seguridad pública.
De los delitos que se presentan en la entidad, el de mayor incidencia es el de robo a transeúntes, seguido por robo a casa habitación, robo de autopartes y robo a comercio o servicios, siendo el municipio capital en donde se da la mayor incidencia de estos; todo lo anterior con la información que proporciona el secretariado ejecutivo.
Como parte de las estrategias en seguridad pública para Aguascalientes, durante mi administración se puso en operación el C5, un centro de operación para seguridad pública en el que se instaló la tecnología más avanzada para tener una coordinación operativa eficiente en todo el estado.
Si bien en Aguascalientes se ha logrado la coordinación con la iniciativa privada a través de la mesa ciudadana de seguridad pública, es importante no solamente tener un programa de contención del delito, sino también garantizar las condiciones vida de quienes se dedican a garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Cuestiones como mejorar sus percepciones salariales, mantener la capacitación para manejo de situaciones de crisis, modernizar el equipamiento e infraestructura deben de ser prioritarias para el Gobierno del Estado.
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